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La represión contra el anarquismo y la supervivencia del Sistema

anarquismoLa represión generalizada e indiscriminada que se ha desencadenado contra el movimiento anarquista en Barcelona y Madrid solo tiene una explicación: se trata de un intento desesperado del Gobierno del Partido Popular de generar un escenario de conflicto que permita proteger la estructura del Sistema. Lo hemos visto muchas veces en la historia: primero se genera el caos, luego llegan los salvadores a poner orden.

Inmersos en una crisis que no tiene ni tendrá fin, y que agrava sin cesar las condiciones de vida de millones de ciudadanos, hundidos en el descrédito que la corrupción ha generado, acorralados por movimientos sociales cada vez más amplios, los partidos del régimen del 78 ya ni siquiera puede confiar en que unas próximas elecciones les permitan mantenerse en el poder democráticamente. Por tanto, esta democracia –pese a su ínfima calidad– empieza a ser un problema para ellos.

La reciente aprobación de la Ley Mordaza de Fernández Díaz y los hechos que están ocurriendo en estas horas y que proseguirán posiblemente en los próximos días, no son hechos aislados. Era una ilusión pensar que este régimen, que siempre lo ha tenido todo atado y bien atado, iba a resignarse desaparecer sin más.

La respuesta de los ciudadanos debe ser rápida y contundente, pero una escalada de violencia en las calles es precisamente lo que el Sistema está intentando provocar y lo que necesitan para lograr sus objetivos.

La Ley de seguridad ciudadana: hacerse temer, hacerse odiar

Gerardo Pisarello

Jorge-Fernandez-Navarra-Ministerio-Interior_EDIIMA20140315_0306_13Parecía inconcebible que se atrevieran a seguir adelante con él. Por su irracionalidad, por su carácter abiertamente antigarantista, por el alud de críticas que había recibido de organizaciones de derechos humanos de todo tipo. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido apretar el acelerador e imponer en el Congreso de los Diputados su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo ha hecho para lanzar a la oposición política y social un rugido  de dureza. Para emular a Fraga y anunciar que la calle es suya y que no permitirá que nadie se la dispute. Hace unos años, el gesto podría haber resultado eficaz. Ahora no. Con la corrupción carcomiendo sus estructuras, con el aumento de la precarización social, con el desafío que suponen el proceso soberanista catalán y el imparable auge de Podemos, la decisión del Gobierno aparece como un signo de debilidad que, tarde o temprano, puede acabar volviéndose en su contra. Sigue leyendo

Guiseppe Pinelli. Crimen habitual de un Estado

Álvaro MILLÁN

Giuseppe Pinelli

Giuseppe Pinelli

15 de diciembre de 1969. Guiseppe Pinelli, un anarquista de 41 años, cae por la ventana del cuarto piso del cuartel de la policía de Milán, donde estaba siendo interrogando. En la misma habitación se encontraban el comisario Luigi Calabresi, los sargentos Panessa, Mucilli, Mainardi, Caracutta y el teniente de los carabinieri, Lograno. Pinelli llevaba tres días detenido, acusado de haber participado en el atentado de la Piazza Fontana en Milán. Sigue leyendo

Sobre el 9-N. Vuelve el TOP, ahora como Tribunal Constitucional

Rafael Cid

La suspensión por el Tribunal Constitucional (TC) del proceso participativo del 9 de noviembre en Catalunya convierte en la práctica a este órgano en una especie de Tribunal de Orden Público (TOP) del régimen de monarquía parlamentaria. Al admitir el recurso presentado por el gobierno contra un derecho consagrado en la Constitución, disfrazando como acto jurídico sancionable lo que in nuce no es más que el simple ejercicio de la libertad de expresión por parte de la sociedad civil, el TC adopta una postura similar a la de un tribunal político y, por tanto, puede estar conculcando valores fundamentales del Estado de Derecho.

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Si al cancelar la Ley de Consultas y el Decreto del referéndum soberanista el TC hacia una lectura reduccionista de la norma suprema, en esta segunda ocasión, al extralimitarse en sus competencias, instaura la censura previa de derechos y libertades solo contemplada en supuestos de “Estado de excepción”. Con esa auto, el Tribunal Constitucional en pleno insinúa que el artículo 16 de la vigente Constitución, referido a “la libertad ideológica”, y el 20, que entiende del derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones…”, son papel mojado para la población catalana. Sigue leyendo