Rafael Cid

La suspensión por el Tribunal Constitucional (TC) del proceso participativo del 9 de noviembre en Catalunya convierte en la práctica a este órgano en una especie de Tribunal de Orden Público (TOP) del régimen de monarquía parlamentaria. Al admitir el recurso presentado por el gobierno contra un derecho consagrado en la Constitución, disfrazando como acto jurídico sancionable lo que in nuce no es más que el simple ejercicio de la libertad de expresión por parte de la sociedad civil, el TC adopta una postura similar a la de un tribunal político y, por tanto, puede estar conculcando valores fundamentales del Estado de Derecho.

Si al cancelar la Ley de Consultas y el Decreto del referéndum soberanista el TC hacia una lectura reduccionista de la norma suprema, en esta segunda ocasión, al extralimitarse en sus competencias, instaura la censura previa de derechos y libertades solo contemplada en supuestos de “Estado de excepción”. Con esa auto, el Tribunal Constitucional en pleno insinúa que el artículo 16 de la vigente Constitución, referido a “la libertad ideológica”, y el 20, que entiende del derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, las ideas y las opiniones…”, son papel mojado para la población catalana.

Esta arbitrariedad sin precedentes en nuestra reciente historia constitucional no es, contra lo que a primera vista pudiera creerse, un signo de fortaleza del Estado sino una muestra de su extrema debilidad. El rodillo de la doble unanimidad de los miembros del TC, cooptados por el duopolio dinástico hegemónico formado por PP y PSOE, en realidad encubre un desesperado intento de bloqueo democrático ante la contundente realidad de una ciudadanía madura para su autodeterminación. El terminante “no” del Constitucional al proceso participativo equivale en sus perniciosos efectos sobre el modelo de convivencia a un GAL jurídico.

Un triple atropello concienzudamente perpetrado por los representantes del PP y del PSOE en el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, que redundará en nuevos argumentos para la legítima desobediencia civil. Cuando la corrupción de la “marca España” alcanza niveles de obscenidad insoportables; la desigualdad trepa hasta cotas de expolio en el lodazal de la crisis financiera y significados sicarios de la dictadura burlan mandatos jurídicos internacionales amparados desde las propias instituciones, la anulación del derecho a decidir por el máximo exponente del Ordenamiento cabe interpretarse como una provocación para la paz social y una amenaza para la seguridad jurídica de todos los ciudadanos de bien.

Publicado en Rojo y Negro