Recientemente hemos tenido una nueva sesión del viejo debate sobre la naturaleza y consecuencias del golpe del 23-F. La publicación del libro de Pilar Urbano, coincidiendo «casualmente» con la muerte de Suárez, ha puesto sobre la mesa las mismas preguntas de siempre: quién o quiénes estaban detrás del golpe y cuáles eran sus objetivos. Y si algo ha quedando claro es que la «verdad oficial», el relato que ha sostenido el Poder, a mayor gloria del Rey salvador de la democracia, es un cuento chino que ya no se traga nadie. En parte porque la historia tiene demasiadas incongruencias, y en parte porque todo lo que tiene relación con el Borbón nos suena ya a mentira.

Sobre los acontecimientos del 23-F se han planteado diversas hipótesis y es muy probable que se sigan presentando otras, quizás aprovechando la defunción de algún otro personaje ilustre o cualquier otra cosa que pueda realzar el lanzamiento de un best seller. Teniendo en cuenta que casi toda la documentación relativa al 23-F sigue bajo la losa del secreto de Estado, habrá que contentarse con eso durante algún tiempo. Por el contrario, resulta mucho más esclarecedor repasar los acontecimientos que se sucedieron tras el supuestamente fallido golpe de Estado. Es ahí donde podemos encontrar respuestas. Por eso rescatamos hoy este artículo de José Ormaechea que, en lugar de escarbar en los enigmas del supuesto golpe, fija su atención en todo lo que sucedió inmediatamente después.

José ORMAECHEA

Un poco obsesionados por el «tejerazo», los españoles hemos dejado de percibir otro golpe, de implicaciones y consecuencias más graves, que ha sido la traducción nacional del cambio habido en la dirección norteamericana: el «calvosotelazo», consecuencia local de la ascensión de Reagan a la Casa Blanca. En España vivimos los efectos del acontecer político estadounidense más que los de cualquier otro suceso y el 23-F no ha sido más que la espoleta de un proceso de derechización – subsidiario del registrado en Estados Unidos– decidido por la oligarquía económica con anterioridad al intento golpista de Tejero y compañía.

El paso de Suárez –la mejor aproximación posible a una política socialdemócrata dentro de UCD– a Calvo Sotelo –la más decidida orientación a la derecha– ha significado salir de la zona «centro» para entrar decididamente en la «ortodoxia» capitalista local e internacional. Y entrar, además, merced al clima creado por el 23-F, con una oposición parlamentaria que no se atreve, ni siquiera, a alzar la tímida voz de ocasiones anteriores.

No cabe duda de que la oligarquía económica ha jugado muy bien sus cartas. Cuando la dictadura resultó inservible como expresión política de la dominación burguesa y hubo que liquidarla, eligió el hombre adecuado para llevar a cabo la transición. Suárez, experto negociador y enormemente hábil entre bastidores, supo evitar, con sus contemporizaciones internas e internacionales, el estallido de las tensiones sociales acumuladas durante el franquismo. Pero una vez superados los primeros momentos del cambio, estas contemporizaciones se convirtieron en superfluas y negativas cuando ya era el momento de completar el sometimiento de España al imperialismo capitalista.

Entonces hubo que acabar con ciertos deslices tercermundistas, con los abrazos de Suárez con Arafat o Fidel Castro, con unas políticas económicas no suficientemente escoradas hacia la derecha, con el«desmadre» autonómico, con las excesivas contemporizaciones ante la oposición. Había llegado el momento de prescindir de Adolfo Suárez y encumbrar al individuo idóneo para aplicar una política decididamente conservadora en todos los terrenos. Era, en definitiva, el momento de Calvo Sotelo, quien hasta ahora en su aspecto y origen social rompía con la imagen populista del anterior jefe de gobierno. (Y los resabios de la época Suárez van cayendo uno tras otro, siendo uno de los ejemplos más recientes la dimisión de Fernández Ordóñez.)

La política de concertación

En el orden interno, la primera consecuencia del «calvosotelazo» –y su aditamento, el «tejerazo»– ha sido la inauguración de una nueva fase de consenso, esta vez denominada concertación. Sin embargo, la actual concertación ha aportado dos elementos diferenciadores con respecto a la anterior etapa de consenso: de un lado, la hegemonía absoluta del partido del Gobierno, el cual viene imponiendo su política sin hacer prácticamente concesiones a la oposición; por otra parte, la limitación de la concertación a UCD y PSOE, marginando al resto de fuerzas parlamentarias. Es decir, derechización general y concentración del poder institucional, siendo esto último un elemento favorecedor de lo primero.

Dada su importancia, no es raro que una de las primeras preocupaciones de la concertación haya sido la situación económica y la política de rentas salariales. Para esta tarea no fueron designados los grandes del Parlamento. En este terreno, han sido las referentes sindicales las encargadas de llevar a la práctica la concertación, incluyendo –aquí sí, dado su protagonismo– al aparato sindical comunista, CC OO, que se apuntaba al único carro en el que puede ir si no quiere ver menguado su ya debilitado poderío. Así, el 9 de junio, CEOE, UGT, CC OO y el Gobierno firmaban el Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE), cuya única filosofía estriba en procurar la reactivación económica a partir de la disminución de los salarios reales (aumentos salariales por debajo de la inflación).

Si bien un cierto precedente del ANE lo encontramos en los Pactos de la Moncloa, en el acuerdo hallamos dos aspectos específicos de la nueva coyuntura. A diferencia de los Pactos de la Moncloa, el ANE no incluye ninguna contrapartida de relevancia a nivel de política económica general por parte de la derecha, salvo las inevitables declaraciones de intenciones. Por otro lado, como colofón del acuerdo figura un apartado por el que se conceden 2.400 millones a las centrales firmantes a cuenta del patrimonio sindical, con la consiguiente potenciación del «panorama sindical a dos» y la práctica defenestración de los sindicatos minoritarios.

El otro gran tema objeto de la concertación ha sido el de las autonomías. Pese a las promesas de ambos partidos en el sentido de que sus acuerdos no van a afectar a las autonomías existentes, los pactos autonómicos UCD-PSOE implican la paralización del proceso descentralizador en curso’ –en cantidad y en calidad– y se sitúan perfectamente en esa dinámica de concentración del poder institucional que marca la era Calvo Sotelo: no a la multiplicidad de centros de poder, no al protagonismo de los grupos nacionalistas, no a los «peligros» potenciales de un sistema de autonomías extendido a las nacionalidades pobres. Y, para que el convencimiento sobre la justeza de esta política sea generalizado, a las voces discrepantes se les recuerda que los «patriotas» del 23-F estaban especialmente sensibilizados con el rumbo tomado por el proceso autonómico.

Además de abordar estos dos grandes temas, la concertación se ha extendido a otros apartados –Ley de Defensa de la Democracia, acuerdos en materia municipal, reforma del Reglamento del Parlamento, Ley de Autonomía Universitaria…– y amenaza con hacerlo a otros siempre en el doble sentido anteriormente expuesto: involución política y social, y desertización del panorama político-sindical fuera de los dos grandes –UCD y PSOE– y sus cada vez más decorativos adláteres –AP y PCE.

Consolidación de la dependencia

Si en el terreno interior, los efectos del «calvosotelazo» han sido notorios, en el ámbito internacional han resultado fulminantes. Secundando los designios de Reagan, el gobierno de Calvo Sotelo ha iniciado el proceso de integración de España en la OTAN. Aquí, la concertación no ha funcionado en apariencia, pero el carácter ambiguo de la posición del PSOE, su falta de energía, es más bien sospechoso. De todos modos, la derecha de este país puede estar tranquila, porque tiene enfrente a una izquierda que dice estar contra la entrada en la OTAN, pero no contra la OTAN y que, de cualquier manera, asume el papel que España debe jugar en la «defensa de Occidente» –semejante terminología ya da idea de las posiciones políticas sustentadas– y acepta de buen grado el tratado con Estados Unidos siempre que se renegocie en condiciones de «igualdad» (!).

La actitud frente a las naciones árabes progresistas, la nueva política con respecto a Israel, el camino que están tomando las relaciones con los países iberoamericanos y el papel que se pretende jugar en Guinea Ecuatorial, todo esto adobado con un antisovietismo de «guerra fría», acaban de ilustrar la orientación internacional de Calvo Sotelo, en perfecta sintonía con los intereses estadounidenses. Junto a ello, y con la bendición expresa de la oposición parlamentaria, los intentos por desbloquear al precio que sea las relaciones con el Mercado Común, ámbito supranacional ineludible para consolidar la penetración del capital extranjero, destruir la industria y la agricultura nacionales, y convertirnos definitivamente en colonia económica interior de la Europa germano-americana.

En resumen, al lado de una política interior abiertamente oligárquica, el «calvosotelazo» nos ha deparado una política exterior enteramente subordinada a los intereses económicos y políticos del imperialismo USA. Una perspectiva ciertamente sombría para el pueblo español, máxime si tenemos en cuenta que el principal partido de la oposición, el PSOE, se ha convertido en activo colaborador de Calvo Sotelo y el otro gran partido de la izquierda, el PCE, tan sólo presenta una matizada oposición cuando se le excluye de la concertación.

Publicado en Polémica, n.º 1, diciembre 1981