Rusia y el derecho de autodeterminación

Carlos TAIBO

Sobre el papel, y hasta los últimos días, la Rusia independiente ha mostrado un rechazo frontal del derecho de autodeterminación. Tan es así que en el discurso de los gobernantes rusos el concepto correspondiente ni siquiera se ha asomado cuando remitía a la idea de una suave reivindicación de formas de autogobierno que en modo alguno acarreaban la posibilidad de secesiones e independencias.

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La única excepción de algún relieve a esta regla del juego general la aportó, en el verano de 1996, en los años de presidencia de Yeltsin, y al calor del llamado acuerdo de Jasaviurt, el reconocimiento de una fórmula de autodeterminación, no precisada, para Chechenia que debía cobrar cuerpo un lustro después. No se olvide que semejante decisión era el producto de la derrota militar de Moscú en la primera guerra ruso-chechena postsoviética. Y téngase presente en paralelo que la irrupción de Putin como primer ministro, tres años después, se vio al poco acompañada por una operación militar en Chechenia –la que abocó en la segunda guerra– que, aunque en inicio se justificó sobre la base del designio de hacer frente a una amenaza terrorista, pronto se hizo evidente obedecía al propósito de evitar que la imprecisa fórmula de autodeterminación prevista en Jasaviurt adquiriese carta de naturaleza.

Lo suyo es reconocer que, desde entonces y hasta que se ha cruzado de por medio el referéndum de Crimea, el rechazo con que las autoridades rusas han obsequiado al derecho de autodeterminación se hizo valer de manera consecuente. Conviene recordar, por lo pronto, que Moscú se mantuvo en sus trece en lo que respecta a la negativa a aceptar tal derecho en la ya mentada Chechenia. A menudo se olvida, en segundo lugar, que en 2006 el Kremlin no actuó, en relación con la llamada República del Transdniestr, desgajada de Moldavia, como acaba de hacerlo en Crimea. En septiembre de ese año, sin embargo, el referéndum celebrado en Transdnistria se saldó, conforme a los datos divulgados por sus organizadores, con una abrumadora mayoría –un 97% de los participantes– favorable por igual a la independencia con respecto a Moldavia y a la libre asociación con Rusia. Bien es verdad que en este caso la incorporación de Transdnistria a la Federación Rusa hubiera sido muy problemática, siquiera sólo fuese por los varios centenares de kilómetros que separaban el territorio de una y otra entidad, con Ucrania de por medio. Sabido es, en tercer lugar, que Rusia ha rechazado en todo momento la conveniencia de reconocer el Kósovo que se declaró unilateralmente independiente en febrero de 2008, y ello pese a que en estas horas invoque el antecedente kosovar como justificación –admitamos que razonable– de los pasos que Moscú ha acabado por dar en relación con Crimea. Obligado estoy a agregar, en suma, que lo que sucedió al calor de la guerra librada en Osetia del Sur, formalmente un territorio georgiano, en agosto de 2008 tampoco acarreó ninguna quiebra en el criterio, manifiestamente hostil al derecho de autodeterminación, abrazado por el Kremlin: mientras, por un lado, Rusia no se vio en la necesidad de incorporar a su federación a la citada Osetia meridional y a la vecina Abjazia –se convirtieron sin más, y al menos en las apariencias, en Estados independientes–, por el otro su reconocimiento de esas independencias en momento alguno invocó el derecho de autodeterminación. Moscú se limitó a señalar que se trataba de proteger a los dos Estados nacientes frente a la belicosidad de los gobernantes georgianos, un argumento que ha reaparecido en relación con los recientes sucesos en Ucrania.

Salta a la vista que lo ocurrido en Crimea los últimos días constituye un cambio radical en la perspectiva del Kremlin, que de la noche a la mañana ha pasado a defender orgullosamente el derecho de autodeterminación. Dos parecen ser los fundamentos de ese cambio. El primero lo aporta lo que se antoja una relectura del Derecho Internacional que, frente a las corrientes dominantes, y frente a lo que ha defendido la propia Rusia en los dos últimos decenios, estima que aquél alienta procesos de autodeterminación que pueden rematar en secesiones e independencias. El segundo es el antecedente, ya reseñado, que ofrecería el reconocimiento, por un buen número de Estados, de la declaración unilateral de independencia de Kosovo. Si esos Estados actuaron de tal manera entonces, ¿por qué no habrían de asumir –parece sugerir Moscú– una conducta similar en relación con Crimea? A lo anterior se agrega, claro, el reiterado recordatorio del singularísimo escenario de esta última, indeleblemente marcado por la caprichosa decisión de Jrushov en el sentido de entregar la península a Ucrania en 1954, en abierta desatención de que estaba mayoritariamente poblada por rusos (como es fácil intuir, de lo ocurrido antes con los tártaros locales se tiende a hablar más bien poco). En la percepción de Moscú, comprensible, el regalo jrushoviano, que no anularía el carácter ilegal del referéndum del domingo, otorgaría a éste, sin embargo, una legitimidad nada despreciable.

Es verdad que el cambio de rumbo que el Kremlin ha asumido en relación con el derecho de autodeterminación dibuja una manifiesta inconsecuencia del lado de los gobernantes rusos, decididos a abrazar, ahora sin cautelas, formas de obscena doble moral (cabe suponer que Putin no se apresta a organizar una consulta soberanista en Chechenia). Esa inconsecuencia no es mayor, ciertamente, que la que han mostrado en repetidas veces los gobiernos occidentales. En semejante escenario obligado es recordar, eso sí, que Moscú –que al respecto arroja las culpas sobre los inexpertos dirigentes de Crimea– no parece haber afinado en exceso los instrumentos: por mucho que pueda argumentarse su legitimidad, el referéndum del domingo ha sido, en sí mismo, democráticamente impresentable. Así lo testimonian la precipitación en la convocatoria, la abrumadora presencia militar, la falta de un debate público y plural, la ausencia de cualquier suerte de supervisión independiente, la imposibilidad –para los eventuales votantes- de respaldar la preservación del statu quo o, en fin, unos datos de participación difícilmente creíbles. En tal sentido no constituye ningún antecedente honroso para apuntalar lo que bien pudiera ocurrir en el futuro en la Ucrania oriental, en el norte de Kazajstán o en la propia Transdnistria.

24/03/2014

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