Julián Grimau y la ilegalidad de su fusilamiento

Ramón ÁLVAREZ

julian Grimau

La reciente y reiterada recordación en prensa, radio y televisión, del ilegal y dramático fusilamiento de Julián Grimau por su participación –como otros muchos españoles– en la guerra civil y, más tarde, en la lucha contra una dictadura sangrienta que derribó la ley a cañonazos, pone de relieve la odisea de miles de condenados a muerte por los tribunales franquistas y ejecutados en los cementerios donde, anónimamente, descansan en las fosas comunes, y que, como Grimau, deben ser objeto de una inmediata rehabilitación civil que la más primaria de las justicias no les puede negar. ¿Acaso no pueden aspirar a esa tardía e inútil rehabilitación, dando por sentado que la macabra parodia que les arrebató la vida tiene todo el rango de un acto legal? ¿Se da cuenta el Fiscal General del Estado, señor Moscoso, desde su «serenísimo» discernimiento, de la ofensa que infiere a cuantos, con el sacrificio de sus vidas, contribuyeron a la recuperación de las libertades públicas, y muertos, al parecer, con justicia, según el quinto mandamiento de la égida franquista?

Podríamos recomendar a estos efectos la lectura de lo escrito sobre las condiciones «legales» que rodearon el fusilamiento de Juan Peiró el 24 de julio de 1942 en el campo de tiro de Paterna. Su abogado defensor, una vez condenado a muerte nuestro compañero, interpuso recurso ante el Consejo Supremo de Justicia Militar y con el documento probatorio de haber sido admitido a trámite, se presentó en la Auditoría de Guerra de Valencia para depositarlo, confiando en que, al darse por enterado el Auditor, quedase aplazada la ejecución de la sentencia. Contra toda lógica y fuera del marco legal, Peiró fue fusilado. Como dice su hijo, en una sencilla y documentada biografía:

Un doloroso misterio flota sobre la ejecución de Juan Peiró. ¿Quién influyó para que fuese asesinado? ¿Por qué con tanta celeridad el Consejo de Ministros ratificó la sentencia a pesar de la oposición del supremo tribunal? ¿Qué o quién se esconde tras las enigmáticas palabras del Capitán General de Valencia, Elíseo Álvarez Arenas cuando, dirigiéndose a Luis Serrano, defensor de Peiró –que le reprochaba el que legalmente la ejecución de Peiró era un asesinato– le respondía: «Muchacho, ni tú ni yo vamos a disparar la bala que lo matará, pero aunque quisiéramos, tampoco podríamos salvarle la vida».

El citado Luis Serrano, en una carta personal que se incluye en la biografía que citamos, escribe:

Sobre año y medio después del ASESINATO, estando yo en Marruecos, poco antes de dejar el ejército, vi en el Diario Oficial el siguiente comunicado del Consejo Supremo de Justicia Militar: citando a D. Juan Peiró Belis o persona que lo represente, para comunicarle la sentencia recaída en el recurso n.º….. Sin comentario. Se ha hecho lo imposible para localizar, ese sumario sin resultado. Todos los sumarios están forzosamente depositados en el Archivo General, pero ése no aparece. Eso indica que lo han hecho desaparecer o que está muy bien guardado en algún otro sitio.

No sobraría referirnos a la «legal» detención en Francia, con la colaboración de los alemanes y posterior fusilamiento, de Companys, Presidente de la Generalidad de Cataluña y Julián Zugazagoitia, Ministro de la Gobernación en el Gobierno de Largo Caballero.

Francisco Granados y Joaquín Delgado

En Gijón mismo, Alfredo Díaz, militante de la CNT que fue Comisario del Ejército republicano –por sólo citar un caso entre mil– recibió en la cárcel del Coto de San Nicolás, la notificación de su indulto cuando ya había sido «legalmente» fusilado, sospechándose que todo respondía a un siniestro escenario, como en tantos otros casos que podemos citar documentadamente en cuanto se nos requiera.

¿Pueden calificarse de legales las ejecuciones pronunciadas por aquellos tribunales descritos por Juan M. Molina, en su libro Noche sobre España:

«Todos los viernes sale del penal una expedición de presos para comparecer ante el Consejo de Guerra de turno. Estos consejos se celebran en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. A los veinte, a los treinta o a los cincuenta meses de estar detenidos comparecen ante los Consejos de Guerra, que en el Régimen de Franco, es un acto ridículamente formulario. No lo disimulan. En unos minutos, sin permitirles hacer una objeción, los presos son inexorablemente condenados. La defensa está a cargo de un capitán, abogado de turno, que suele comenzar la defensa en estos o parecidos términos: señores del Tribunal, ya sabemos que el procesado es un criminal que merece ser castigado duramente…»

Si tal era la postura del defensor, poco trabajo «legal» quedaba a los magistrados.

A Julián Grimau, se nos dice, le cargaron crímenes que no cometió. ¿Y a quién no? Siempre en la cárcel del Coto, en Gijón, estaba condenado a muerte un vecino de Ribadesella, por haber asesinado a un cura que –¡paradoja!– también estaba preso en esa misma cárcel y al mismo tiempo.

Tampoco fue Grimau el último ajusticiado del franquismo. Pocos meses después de su fusilamiento murieron a garrote vil dos jóvenes libertarios falsamente acusados: Joaquín Delgado y Francisco Granados, y cerró la cuenta otro joven compañero: Puig Antich, cuyos procesos nadie se ha ocupado de desempolvar, aunque haya existido para ellos y otros muchos, la conspiración del silencio.

Se denuncia el hecho –que nosotros damos por cierto– de que en el Tribunal que juzgó a Julián Grimau figuraba un jurídico militar que resultó un impostor. ¿Quién ha explorado, con títulos suficientes para ofrecer un expediente con las debidas garantías de confianza, los centenares de miles de sumarios –muchos probablemente desaparecidos o enterrados en sótanos ignorados del mundo oficial– para dar por sentado que los procesos expeditivos y las comparecencias masivas ante las burocráticas máquinas de matar se desarrollaron en el marco de la Ley?

¿Aceptaríamos el tiro en la nuca que se está prodigando en China por el hecho de que se apoye en la ley del Partido Comunista gobernante?

Ya que se han salvado todos los verdugos, no hagamos nosotros odiosas diferencias entre los caídos por la libertad. A los que España y Europa deben la facultad de disfrutar nuevamente de una democracia que va ganando terreno en otros continentes.

Publicado en Polémica n.º 39, octubre 1989

Ramón Álvarez Palomo (Ramonin) (1913-2003). Histórico militante anarcosindicalista asturiano. Panadero de oficio, ingresó en la CNT en 1928. Pocos años más tarde es elegido secretario del Comité Regional de Asturias. Fue secretario del Comité Revolucionario de Gijó durante la insurrección popular de 1934.