Bernat MUNIESA

La República, como forma de gobierno, carece de una historia ejemplar. Las antiguas ciudades-estado griegas no empleaban el nombre de república para definirse políticamente, pero lo cierto es que funcionaban como tales (salvo el caso de Esparta, constituida como una aristocracia). Atenas fue el caso más paradigmático por ser la ciudad-estado de mayor dimensión demográfica y cultural, y allí se regían mediante un sistema al que llamaban democracia (demos, pueblo; cracia, gobierno): sin embargo, esa democracia excluía a la mujer, a los libertos y, desde luego, a los esclavos. En realidad, las democracias griegas eran oligarquías, el sistema político preferido por el conservador Aristóteles, frente al reaccionario Platón, que postulaba la timarquía o aristocracia.

Roma tuvo su «período republicano», antes del Imperio iniciado con Octavio Augusto, y basta con leer a Plutarco (Vidas paralelas) o Tácito, para conocer que el acceso al Consulado, la máxima instancia del poder, era privativo de los generales. Ellos (por ejemplo, Mario y Sila, Marco Licinio Craso, Marco Antonio, Pompeyo, Julio César…), al aspirar y competir por el Consulado, debían de presentar sus curriculums personales para demostrar que estaban «doctorados» en el crimen, es decir, en las guerras: a más victorias, mayor posibilidad de acceso al poder. Allí también la República era, en realidad, una oligarquía, sin que la mujer y, naturalmente, los esclavos formase parte de ella. Cuando la rebelión de Spartacus y los gladiadores, en el famoso Senado oligárquico romano sonó la alarma: «la República está en peligro», afirmó Cayo Graco, representante de la plebe (un sector de la oligarquía equivalente a la burguesía), y el general Craso (miembro del otro sector, la aristocracia, equivalente a la nobleza) fue encargado de derrotar a los rebeldes. Sin embargo, por sí mismo fracasaría y necesitó el concurso de las legiones de Pompeyo, que llegaron de Hispania, y las de Lúculo, que regresó de su expedición en Tracia, para exterminar el spartaquismo.

En realidad, las repúblicas griegas y la romana funcionaban en función del linaje y el dinero, dos elementos exclusivos para participar de las instituciones políticas y/o gubernamentales.

La llamada Edad Media fue, metafóricamente hablando, una especie de lago parmeniano, dominado militarmente por las noblezas fundadas en inventados linajes superiores –aquella sangre de color azul que nunca nadie vio– y dirigido ideológicamente por el poder que, en Roma, surgió tras la disolución del Imperio Romano: el poder del papado, es decir, el cristianismo institucionalizado. De la fusión de la nobleza con el clero nació el Sacro Imperio Romano Germánico, una dualidad de poderes entre lo que san Agustín, anticipándose a Maquiavelo, llamaría la Ciudad de Dios, el papa, y la Ciudad del Hombre, el emperador. El papado proporcionaba la ideología y el Imperio las armas, ya fuera para aplastar las rebeliones campesinas o bien destruir las herejías, factores que casi siempre eran una misma cosa.

Tras aquel largo paréntesis y en los inicios de la llamada Edad Moderna, en el Mediterráneo funcionó la República de Venecia, llamada la «Serenísima», dirigida por un Consejo, representante de la oligarquía mercantil nacida del suculento comercio con Oriente. Su fastuosa y atractiva arquitectura ha sido su legado más vistoso, producto de su rapiña financiera.

En América del Norte, a finales del siglo XVIII, se inició una nueva época política, pues las trece colonias inglesas se rebelaron contra la metrópoli y fundaron los Estados Unidos sobre un espíritu republicano, legislando unos «Derechos del Hombre», el hombre blanco naturalmente (la mujer, una vez más, estaba excluida). Por tanto, quedaron marginadas las comunidades autóctonas, a los que los colonos, siguiendo la tradición hispana en el resto de América, llamarían indios, comunidades masacradas en un largo genocidio que exigió casi cien años de luchas. La Revolución francesa volvió a agitar el concepto de República ligado al de ciudadano, pero excluía por enésima vez a la mujer, y se saldó con el Imperio: Napoleón Bonaparte fue, de hecho, un tránsfuga del republicanismo, aunque mantuvo el ideario digamos liberal. En otro plano y en Europa también, en la lucha de los italianos por la independencia respecto al imperio austríaco y el papado romano (mediados del siglo XIX) hubo una veta republicana fracasada, ligada a los nombres de Mazzini y Garibaldi (Il Gattopardo, el libro de Lampedusa, recogido por Luchino Visconti en su célebre filme del mismo título, expone perfectamente la dualidad entre monárquicos y republicanos y las tramas políticas que condujeron a una Monarquía Constitucional).

Liberalismo, democracia, republicanismo…

La gran burguesía francesa, el poder económico, tenida por la más «avanzada» de Europa, tardó (desde 1789) en convencerse de que una república, como instrumento político de dominación, podía serle tan eficaz como una monarquía. Fue en una coyuntura clave del siglo XIX, cuando el general Adolphe Thiers, tras la masacre de la Comuna de París, que culminó con la ejecución de treinta mil comunards (1871), proclamó la Tercera República: aquella burguesía entendió entonces la «utilidad» de una república como instrumento de gobierno a su servicio. Cabe recordar aquí que Thiers, después del genocidio comunal, compareció en el restaurado Parlamento parisino para afirmar lo siguiente: «Estoy aquí para defender la libertad, pero no cualquier libertad: yo defenderé la libertad de la propiedad frente a la calle [las clases obreras] y el trono [la nobleza]». Sobre tales bases se fundó aquella Tercera República, asentada sólidamente hasta ser sustituida por la Cuarta República, ya en el siglo XX. Todo debía de cambiar para que todo siguiera igual.

El último tercio del siglo XIX es una coyuntura histórica altamente pedagógica para entender el mundo contemporáneo. Por fin, los liberales (las burguesías) abrazaban una democracia y en algunos lugares (como Francia) lo hicieron bajo la forma de la citada Tercera República. La burguesía británica, en cambio, asumiría la democracia liberal bajo su monarquía constitucional. De hecho, y esto tiende a olvidarse aviesamente con frecuencia, liberalismo y democracia fueron dos concepciones ideológicas divorciadas hasta aquel momento poscomunal que hemos citado más arriba. En efecto, el liberalismo, surgido en Gran Bretaña a partir de la ideología utilitarista, no era democrático: se fundaba en conceptos como iniciativa individual, libertad de mercado, derecho a la propiedad individual, derecho a la propiedad privada de los medios de producción, derecho individual a la apropiación de los beneficios obtenidos mediante el trabajo de otros, derechos políticos ligados al linaje y/o la propiedad… En la Gran Bretaña, que fue la sede del origen de la práctica capitalista moderna conducida por la ideología liberal y una supuesta ciencia, llamada Economía Política, el acceso a los «derechos políticos», el Parlamento, quedaba reducido al linaje (Cámara de los Lores) y el dinero (Cámara de los Comunes). ¿Cuál era entonces la función del Estado? Sencillamente el Estado era concebido en exclusiva como un gran aparato represivo al servicio de los intereses de la gran burguesía y la nobleza: hacia el interior, mantener el orden social, o sea, el Estado policial; hacia el exterior, sostener lo que llamaban «libertad de comercio», su libertad de comercio (el comercio de las cañoneras), es decir, el Estado militar.

En cambio, el concepto de democracia sería asumido por el Movimiento Obrero en tanto que sinónimo de socialismo, pero no como forma de gobierno: Pierre-Joseph Proudhon solía referirse a la Democracia Integral como sistema de organización social fundado en el federalismo y la autogestión.

Ya he señalado, al referirme a la Comuna parisina, que la democracia liberal fue finalmente aceptada por parte de las burguesías europeas porque se fundaba sólo en la representación o, si se quiere, en la delegación, es decir, excluía la participación. Tal como explicaría Robert Michels (Los partidos políticos), aquella democracia limitada a la representación, que desde luego seguía marginando a la mujer, permitía encuadrar a las clases obreras en partidos políticos: era preferible tenerlas domesticadas a través de tales aparatos a que fuesen atraídas por el anarcosindicalismo, el enemigo fundamental. Lo que Karl Marx, y sus polémicas con Proudhon y Bakunin así lo expresan, nunca pudo entender es que la representación obrera en las instituciones políticas burguesas, o sea los partidos obreristas (socialdemócratas, socialistas y/o comunistas), aunque se limitaran a utilizar el parlamentarismo como tribuna de denuncia social acabarían convirtiéndose –como así fue– en élites a través de las cuales el sistema capitalista acabaría corrompiendo al Movimiento Obrero y, finalmente, lo destruiría. Y ello tanto bajo fórmulas monárquico constitucionalistas como bajo fórmulas republicanas. El anarcosindicalismo fue extraordinariamente sensible y sabio respecto a ese error histórico de los socialistas políticos y frente al partido opuso el sindicato, y frente a la representación aburguesada, delegativa y/o representativa, opuso la autonomía obrera, únicas vías para construir la cultura del trabajo. En síntesis: la destrucción del Movimiento Obrero ha sido uno de los «servicios» que el socialismo político ha rendido al sistema capitalista. Resumiendo más: en el socialismo político, lo político acabaría destruyendo lo socialista.

En otro plano de la cuestión, cabe expresar que el matrimonio democracia liberal fue y sigue siendo antinatural: la cónyuge democracia (la política) es maltratada por el cónyuge liberalismo 00 económico, es decir, lo capitalista), o sea falsificada y corrompida (como hoy), e incluso destruida (como en las crisis económicas de los años veinte-treinta del siglo XX). Cada vez que lo liberal hace crisis destruye lo democrático: entonces surge el fascismo, o sea, el capitalismo en «estado de excepción». Y también debe señalarse que bajo repúblicas se han perpetrado genocidios y crímenes de todo tipo: desde los USA y Francia, ya citados, hasta la Grecia de los coroneles, el Chile de Pinochet, Argentina, Brasil y Uruguay, la Centroamérica de las oligarquías, la Indonesia de Sukarno, en la extinta URSS… La lista sería muy larga y poco edificante.

En el caso español…

La República, como concepto, ha tenido en España un rasgo especial: símbolo de la lucha popular contra los omnímodos poderes de la oligarquía económica (nobleza agrarista castellano-andaluza-extremeña, más la gran burguesía vasca, más la gran burguesía catalana) y de sus socios «espirituales», la Iglesia Católica, y «armados», el Ejército. Una oligarquía cerril, definida por el tránsfuga falangista Dionisio Ridruejo (Escrito en España) como la más sanguinaria, aviesa y corrupta de Europa, que no «entendía» la moderna utilidad implícita en la democracia liberal y mucho menos en una República surgida de ese sistema.

En el combate contra aquella Oligarquía fueron destruidas la primera y segunda repúblicas. La primera fue una brisa que duró unos meses, menos de un año, planteando su naturaleza federalista y su profundo reformismo social. La destruyó el golpe de Estado del general Pavía y sería destituida por el proyecto restauracionista monárquico de Antonio Cánovas del Castillo. La segunda, apenas cinco años, llegó mediante el sufragio emitido por la población (la mujer no obtendría el derecho a voto hasta 1933) en abril de 1931 y se fundó sobre el enunciado de España es una «república de trabajadores de todas las clases», que excluía con ello a la nobleza, pero que incluía a las burguesías, entendidas también como «trabajadores». De hecho, la Segunda República fue una república burguesa, es decir, democrático liberal, reformadora en el sentido de disolver las poderosas instancias del Antiguo Régimen, pero no en el sentido de instalar el socialismo. Su objetivo era desfeudalizar la sociedad española, extirparle el caciquismo, modernizarla y aburguesarla, pero, de hecho, como señalara el profesor Antoni Jutglar, fue una república burguesa sin burgueses, ya que desde un principio sería rehusada y combatida, en tanto que forma política, tanto por la gran burguesía vasca como por la gran burguesía catalana.

Para romper la hegemonía oligárquica, el proyecto republicano contempló una reforma agraria basada en un tipo de propiedad burguesa, con el fin de destruir a la nobleza latifundista y, con ello, gran parte de su poder económico. También proyectó una profunda reforma de la enseñanza y de la moral cívica en un sentido positivista y laico, que promovía la circulación de la Iglesia Católica, dictadora en aquellos ámbitos, hacia la reclusión en sus reductos naturales: iglesias y monasterios. Asimismo afrontó una reforma militar que buscaba constitucionalizar y republicanizar el Ejército, el instrumento armado de la gran oligarquía, es decir, modernizarlo ideológicamente y tecnificarlo militarmente. Abordó igualmente una reforma de los aparatos del Estado que significaba purgarlos del funcionariado adicto a los valores del Antiguo Régimen: la peor gente de este país vive en las covachuelas del Estado, afirmó Manuel Azaña en 1931, refiriéndose a los posos parasitarios que alimentaban la red caciquil. y finalmente planteó una reforma estatal territorial iniciada con el Estatut de Catalunya (1932), seguido del incipiente Estatuto de Euskadi y el inconcluso Estatuto de Galicia.

Resumiendo: la Segunda República no proyectó abolir la propiedad privada de la tierra ni la de los medios de producción. Tampoco procedió a proscribir la religión ni desde luego a la Iglesia Católica. Ni, por supuesto, intentó sustituir el Ejército por milicias obreras o populares… Fue, en definitiva, un intento –fallido– de modernizar el país en un sentido burgués y fundado en los valores de la democracia liberal que antes hemos definido, a los que forzosamente impregnó de un sentido reformista, de corte socialdemócrata si se quiere, que en realidad sólo funcionó en el período 1931-1933 y desde febrero de 1936… La sublevación militar del 18 de julio de ese año crearía una situación nueva: la Guerra Civil.

No es éste el espacio apropiado para tratar de la Guerra Civil (1936-1939), pero sí es necesario apuntar algunos hechos. En el sector republicano, los llamados netamente republicanos (el ala derecha del PSOE, liderada por Indalecio Prieto y Juan Negrín, la Izquierda Republicana, de Manuel Azaña…, a los que se sumaría el Partido Comunista de José Díaz y Dolores Ibárruri, siempre buscando su máximo provecho sectario) fueron abandonados por sus amigos europeos «naturales», las democracias burguesas, es decir, la Francia republicana y la Gran Bretaña constitucionalista, impulsoras del decisivamente intervencionista Comité de No Intervención; carecieron del valor necesario para, como exigió la CNT, conceder la independencia al Marruecos colonizado, decisión que habría colapsado al Ejército faccioso allí nutrido, y finalmente destruyeron la revolución social impulsada por el anarcosindicalismo… Un cúmulo de episodios que conducen a la siguiente pregunta: ¿Qué guerra pretendían ganar aquellos republicanos?

Tampoco podemos explayarnos aquí sobre lo que devino tras la guerra: la Dictadura Franquista (1939-1975/6): un corte histórico y un oprobioso regreso a las tinieblas del pasado. Centenares de miles de ejecutados, desaparecidos, exiliados, encarcelados… Piras de libros, expulsión de Galileo y Lavoisier de las aulas, regreso del teologismo… Corrupción y parasistismo, grotescos viajes espaciales como aquello de por el Imperio hacia Dios …

La Transición abordada tras la muerte del dictador Franco, una nueva fase de la infamia política, fue el pacto entre el franquismo inteligente y una oposición que a nada se opuso (iaquella célebre editorial de Cuadernos de Ruedo Ibérico!), transacción que: «legalizó» los crímenes de la dictadura franquista (1939-1976), legitimando la como etapa histórica; destruyó los movimientos sociales en curso, e impuso la monarquía instaurada por Franco. De aquella conjura pactada por el franquismo borbónico con la Comisión de los Nueve (1976) nació una nueva clase política, un remedo de oligarquía que, junto a la monarquía, habitan un régimen parlamentario liberal que, sin embargo, no es ni siquiera liberal democrático, en el que consecuentemente la sociedad civil es suplantada por la sociedad política y virtualizada por los mass-media, máscaras de los verdaderos poderes financieros y granempresariales.

Ciertamente, la brutal dictadura franquista y el fraude de la Transición son otros tantos factores de la singularidad española. Y un reflejo de esa singularidad es la nostalgia de algunos sectores cívicos por los valores republicanos perdidos. Es, pues, como un símbolo que la República puede seguir teniendo validez en estos tiempos de impostura. Un símbolo que, sin embargo, para ser creíble debe de hermanarse con el confederalismo político, el federalismo económico y la participación social (en tanto que una república es res publicae). Sólo en ese sentido se podría ser republicano.

Publicado en Polémica, n.º 86, octubre 2005