Álvaro MILLÁN

La Transición democrática española se ha construido sobre los cimientos del olvido. Olvido del pasado político de buena parte de los protagonistas del proceso y de la construcción del nuevo régimen; olvido del origen franquista de la restauración de la monarquía y de la designación misma de Juan Carlos como rey; olvido de los programas políticos y sociales de los partidos de izquierda que participaron en el proceso; y olvido de 40 años de represión de la dictadura. Ese es el precio que se pagó por una transición pacífica, sin traumas y que no molestase a los militares y a las altas finanzas.

El resultado obtenido, al margen del déficit democrático que padece el régimen surgido de la Transición –consecuencia en gran medida de ese pacto de silencio–, ha sido la dulcificación de la imagen del franquismo que ha conseguido dejar atrás sus aspectos más tenebrosos y aparecer hoy ante los ojos de las nuevas generaciones como un régimen que si bien adolecía de ciertos inconvenientes y era un tanto cutre y anticuado, no dejó de construir sus buenos pantanos, trazar modernas carreteras, fabricar seiscientos para motorizar el «milagro económico español» y alumbrar aquella España alegre y dicharachera que se nos muestra en las películas de Alfredo Landa y Gracita Morales.

Bajo la losa de silencio quedaron los hechos de un golpe militar que aplastó la República, una guerra jalonada de actos de barbarie y crímenes en masa, los campos de concentración en donde se hacinaron durante años centenares de miles de prisioneros. Y los muertos ante el piquete de ejecución cuyo número nunca se sabrá con exactitud, pero que se calcula en centenares de miles.

El paso de los años y el pacto de silencio ha enterrado estos hechos, e incluso casos más recientes como las parodias de proceso judicial contra Julián Grimau o Puig Antich o el asesinato en dependencias policiales de Rafael Guijarro –que según la policía se suicidó tirándose por la ventana– en 1967 y de Enrique Ruano en 1969, han sido olvidados. El caso de Granados y Delgado no fue más que un episodio de una larga historia de atropello y barbarie.

Octavio Alberola relata los hechos

¿Cuál era la misión de Granados y Delgado y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su detención después de los atentados de Madrid?

A principios de 1963, el DI (Defensa Interior) había decidido preparar un atentado contra Franco en Madrid. En el curso de la preparación de esta acción, el DI encomendó a Francisco Granados la misión de llevar a Madrid el mecanismo para explosionar a distancia, una vez allí, recuperar una maleta con explosivos que otro compañero había llevado antes a esa ciudad. Granados cumplió esta misión y se quedó en Madrid para entregar dicho mecanismo y la maleta al grupo que debía realizar el atentado. A principios del mes de julio, por insuficiente información sobre el trayecto de Franco al Palacio de Oriente, el DI pospuso la realización del atentado y retiró de Madrid al grupo que debía realizarlo. Fue entonces cuando José Pascual y Cipriano Mera (este último era miembro del DI) me manifestaron que existía otro «grupo», que disponía de más información sobre la salida de Franco por la carretera de El Pardo a la Coruña y que estaba en condiciones de llevar adelante el atentado antes de que terminara julio si se le pasaban el mecanismo y los explosivos. Yo no pude oponerme a que se intentara y entonces me trajeron al «responsable» de ese grupo, Jacinto Guerrero Lucas, para convenir con él una cita en Madrid, entre un miembro de su grupo y el compañero (Granados) que guardaba el material. El enviado de Guerrero salió retrasado (Guerrero lo sabía) y, al fallar la cita, no se pudo realizar la entrega. Guerrero nos aseguró que si se convenía rápidamente otra cita todavía se estaba a tiempo de atentar contra Franco. Ante esa urgencia, Mera y yo tuvimos que recurrir a Delgado quien salió rápidamente hacia Madrid para posibilitar ese encuentro (Delgado llevaba los dos contactos). Pocas horas antes de su salida, nos enteramos de que Franco acababa de abandonar Madrid para comenzar sus vacaciones de verano. En tales condiciones se decidió que la misión de Delgado sería simplemente decirle al miembro del grupo de Guerrero que volviera rápidamente a Francia y a Granados que dejara el material en lugar seguro antes de volver también a Francia. Delgado llegó a Madrid el sábado y cumplió la primera parte de su misión, pero a Granados no lo encontró hasta el lunes. Al parecer, según sus declaraciones, decidieron esperar y volver juntos a Francia en el coche de Granados que estaba en reparación. Ese mismo lunes por la tarde y al anochecer, otro grupo del DI (que ignoraba la presencia y los planes del atentado contra Franco) decidieron avanzar la fecha de la ejecución de su misión e hicieron explosionar una bomba en La Dirección General de Seguridad y otra en la sede de los Sindicatos falangistas. Al día siguiente fueron detenidos Granado y Delgado y fueron acusados de ser los responsables de esas explosiones. Se ignoran todavía las circunstancias exactas que rodearon su detención, ya que la versión oficial y pública de la policía parece inverosímil: que su detención fue casual.

¿Qué papel desarrolló Guerrero Lucas en esa detención y qué relación tenía éste con el DI?

La responsabilidad de Guerrero es evidente, pues sin su sorpresiva e inesperada «intervención», Delgado no habría tenido por qué ir a Madrid y seguramente Granados habría vuelto a Ales antes de ese fatídico lunes; pero en aquel entonces, 1963, sólo pensamos que Guerrero era un irresponsable… Hay que tomar en consideración que, poco después de la ejecución de Granados y Delgado, las autoridades francesas detuvieron en Francia a más de sesenta militantes de la FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias) a José Pascual y a Cipriano Mera, y que el DI quedó desarticulado por bastante tiempo. Sólo fue a finales de los años ochenta que nos enteramos de la «reaparición» de Guerrero como «agente doble» de las policías francesa y española en la «guerra antiterrorista» contra ETA.

En cuanto a su relación con el DI, es falso que Guerrero haya pertenecido a este organismo que estaba compuesto de seis viejos compañeros (Germinal Esgleas y Vicente Llansola, que sólo asistieron a las primeras reuniones, y Cipriano Mera, Juan García Oliver, Acracio Ruiz y el compañero Jimeno de Marruecos) y en el que yo representaba a la FIJL. Lo que sí es verdad es que en los cuatro primeros meses de actuación del DI, de abril a julio de 1962, Guerrero llevaba la relación con los grupos de la FIJL del interior de España; pero, al perder éste una maleta con documentación orgánica y al desvelarse su identidad, le dijimos que se quedara en Toulouse y que pidiera el asilo con la ayuda del Secretariado Intercontinental (SI) de la CNT. Guerrero encajó mal este alejamiento y reapareció en 1963, a través de Pascual y Mera, con la proposición de que su «grupo» podía realizar el atentado contra Franco… Después se «pasó» al esgleismo… y, según un ex policía francés, estuvo dando información sobre el FRAP y luego sobre los GRAPO.

¿Por qué el franquismo ejecutó a Granados y Delgado?

Además de sus declaraciones y las de los otros encartados en el sumario, en las propias actas del Consejo de Guerra Sumarísimo existen pruebas concluyentes que permiten asegurar que la policía franquista conocía la inocencia de ambos en los atentados en la Dirección General de Seguridad y en la sede de los Sindicatos verticales. No cabe la menor duda de que el franquismo quiso demostrar que, ante todo, la seguridad del Estado funcionaba y que sería implacable con los que pretendieran oponerse al régimen. No hay que olvidar que Franco siguió reinando y matando doce años más.

¿Por qué la protesta fue tan débil y por qué la CNT no presentó a los auténticos autores de los atentados?

El DI y el Secretariado intercontinental de la CNT hicieron lo que pudieron para movilizar a la opinión pública (estábamos en el mes de agosto y en casi toda Europa sólo se pensaba en las vacaciones). Además, en aquellos momentos, la ideología dominante en la Izquierda era la comunista y los aparatos de los PC saboteaban por todas partes las iniciativas de los anarquistas. y en cuanto al porqué no se presentó a los auténticos autores de los atentados la explicación es muy simple: tanto el DI como el SI pensaron que eso no pararía las ejecuciones (poco antes se había fusilado al comunista Julián Grimau pese a las importantes protestas internacionales) y también se concluyó que en la CNT no era tradición ni era aceptable el autodenunciarse.

Por último, ¿Cómo fue posible que en aquellos años, en el seno del Movimiento libertario, se desarrollaran dos estrategias tan opuestas como eran la del DI y la del «cincopuntismo»?

Sin afirmar categóricamente que la estrategia del «cincopuntismo» fue, con la represión, una iniciativa del franquismo para acabar con el peligro potencial que el DI representaba, sí que creo que no hay la menor duda de que los cincopuntistas coincidían con el esgleismo en no querer que la estrategia del DI prosperase. Unos y otros estaban ideológica y moralmente derrotados, y por ello esperaban que se produjera el milagro de la recuperación del Movimiento libertario sin hacer esfuerzos. Los dos eran anticomunistas; pero ni con el entreguismo de los cincopuntistas ni con la esclerosis de los esgleistas se hacía otra cosa que facilitar el avance del Partido Comunista.

En realidad, a los dirigentes del cincopuntismo y del esgleismo sólo les importaba ocupar cargos, aunque fuese en una organización muerta o que se estaba muriendo.

No hay que olvidar que el DI sólo existió y actuó porque los jóvenes creyeron y decidieron cumplir los acuerdos de lucha que, hasta aquel momento, siempre se habían quedado en letra muerta.

Recurso contra una sentencia injusta

En 1998, a instancias de Pilar Vaquerizo –viuda de Francisco Granados– y de Francisco y Francois Delgado –parientes de Joaquín Delgado–, se inició un Recurso de Revisión contra la sentencia dictada el 13 de agosto de 1963 por el Juzgado Militar Nacional de Actividades Extremistas en la que se condenó a muerte a los dos jóvenes anarquistas. La razón aducida para esta revisión parece de un peso y fuerza evidentes, ya que se trata, ni más ni menos, que de la declaración autoinculpatoria de los auténticos culpables del delito por el que fueron sentenciados y ejecutados Granados y Delgado. Dicha autoinculpación debía considerarse a todas luces una nueva aportación de pruebas a considerar y justificaba plenamente la revisión de la sentencia. Todo esto por no hablar de la sospecha que, por lógica y sentido común, debe suscitar cualquier sentencia de un aparato judicial-militar de una dictadura.

No obstante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictó el 3 de marzo de 1999 un Auto denegando la autorización necesaria para que se pudiera interponer el Recurso de Revisión. Si la denegación de autorización puede resultar sorprendente, aún lo es más la argumentación esgrimida por los magistrados en la que daban por sentado que la sentencia de 1963 contra Granados y Delgado fue dictada con arreglo a la «legalidad vigente» –la legalidad de la dictadura franquista– y que «tanto en el periodo sumarial como en el acto de la vista se practicó prueba con intervención del Ministerio Fiscal y de la defensa de los encausados, prueba que fue valorada en conciencia por el órgano jurisdiccional». Tras considerar «escasos y débiles» los medios de prueba de la solicitud de Revisión, la Sala valora como «sólida estructura» el Juzgado Militar Especial de Actividades Extremistas que dictó la sentencia condenatoria.

Ante la imposibilidad de interponer el Recurso, en abril de 1999 fue presentado un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Auto dictado por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo aduciendo que los magistrados de dicha Sala han infringido el artículo 24.2 de la Constitución por la «sistemática denegación de pruebas testificales relevantes» propuestas por la parte solicitante del Recurso de Revisión, dejando a ésta «en la más flagrante indefensión».

La denegación de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo resulta absurda y sospechosa cuando argumenta para ello la falta de pruebas relevantes presentadas ante la Sala, ya que por una parte se alega la falta de pruebas presentadas, mientras que, por otra, se niega el análisis de aquéllas que has sido presentadas, sin alegar ninguna razón para ello.

De momento, el caso de la revisión del proceso contra Granados y Delgado se encuentra en vía muerta, enterrado y perdido en el laberinto de la burocracia judicial, tal como ha ocurrido de manera sistemática con todos los intentos que se han hecho por revisar procesos judiciales del franquismo. Parece evidente que el pacto de silencio establecido en la Transición se mantiene también férreamente en el ámbito judicial.

Publicado en Polémica, n.º 70, enero 2000

Granados y Delgado. Un crimen legal. Documental