Bernardo RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Las medidas que se están tomando contra el sistema público de pensiones, con el argumento de su inviabilidad, debemos encuadrarlas en el campo del ataque contra el Estado del bienestar que se produce desde la década de los años 70 del siglo pasado. Por lo que la propuesta del Gobierno español de alargar la edad de jubilación y aumentar el periodo de cálculo de las pensiones no es más que otro paso en el camino hacia la privatización de parte del sistema de la Seguridad Social según las tesis neoliberales y los intereses del Capital en especial el financiero y la Banca.

Un adelantado en asegurar la inviabilidad de las pensiones públicas y que el mantenimiento de éstas haría quebrar el sistema económico fue el Banco Mundial (BM) en la década de los 90, en pleno furor de las actuaciones privatizadoras del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Latinoamérica contra todo lo público. Su propuesta inicial del BM, que sirvió de guía para el futuro señalaba tres aspectos: mantener un sistema público de mínimos, un segundo era la existencia de un sistema de carácter profesional de mayoría privada pero con la presencia del sector público, y un tercero complementario gestionado sólo por el sector privado que tendría carácter individual y libre. Descartan eliminar de forma radical el carácter público de las pensiones, no por ganas, sino por la inestabilidad social y coste económico que crearía. Posteriormente, la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS) plantean un objetivo más ambicioso en la privatización de todo lo público en especial la sanidad y la educación.

Nos encontramos con dos situaciones en lo que se refiere a las pensiones, un planteamiento global encabezado por el sector financiero, banca y empresarios cuya alternativa son los planes de pensiones privados que no tienen patria y uno local representado por los estados y sus sistemas de pensiones que sólo afectan a sus ciudadanos y que dependen de los que éstos aporten y de la situación de cada país en concreto. Mientras éste puede quedar bajo el control de los ciudadanos y sus beneficios repercutirán en toda la sociedad, el primero dependerá de los avatares de la bolsa y la mayor parte de los beneficios repercutirán sobre sus gestores mientras que las perdidas sólo recaerán sobre el titular del plan sin posibilidad de que espere solidaridad del resto de los ciudadanos de su país.

La batalla de los expertos

La punta de lanza del debate de las pensiones públicas son los expertos, los que defienden el Estado del bienestar y su viabilidad y aquellos que preconizan lo contrario. Es una lucha desigual en la que el poder económico que representa a los últimos lleva las de ganar.

Las instituciones neoliberales anteriores a nivel global y local tratan de fundamentar sus posiciones, no sólo a través de sus informes, sino de los elaborados por una pléyade de grandes expertos, economistas, sociólogos, etc., que con un libre y amplio acceso a todos los medios de comunicación nos demostrarán que, en este caso, el sistema público de pensiones es, no sólo inviable, sino que el mantenerlo nos llevará a la mayor de las miserias. Son sus proyecciones. En España en la misma década que el BM preconizaba la insostenibilidad del sistema público de pensiones, salían a la luz dos informes, uno de La Caixa y otro del BBV, en que pronosticaban para esa misma década el déficit en el sistema español. Estamos en 2010 y no se han cumplido sus predicciones, al igual que tampoco la del resto de los expertos neoliberales que pronosticaban la quiebra general del sistema. Hoy lo pronostican para el 2030 o 2050.

Uno de los objetivos de los expertos es, no sólo crear una opinión favorable a sus posiciones, sino conseguir el convencimiento por parte de la sociedad de que lo que ellos dicen es incontestable y por lo tanto es lo que debe hacerse si uno quiere salvarse y de paso allanan el camino para que los distintos gobiernos tomen las medidas oportunas de acuerdo con sus intereses. Para ello es necesaria la participación activa de los medios de comunicación de masas para hacer llegar a la gente sus postulados de forma notoria. En este campo la batalla la ganan los neoliberales, ya que cuando uno de estos organismos o expertos preconiza la caída de las pensiones públicas sus informes ocupan las primeras páginas, las editoriales y los titulares de los medios audiovisuales. También es cierto que quienes defienden la viabilidad del estado del bienestar aparecen en la prensa escrita, con un artículo más o menos amplio y en alguna ocasión en algún medio audiovisual. Pero su alcance e impacto es mínimo comparado con los anteriores. Así lo que predomina es la imagen catastrofista que interesa a los poderes económicos para hacer valer sus intereses y dar la sensación de que la única salida es la neoliberal.

La demografía y el valor de la pensión

Nos centraremos en dos aspectos que sobresalen en las tesis neoliberales, el factor demográfico y el valor de la pensión pública y sobre los que suelen fundamentar la inviabilidad del actual sistema.

La idea que tratan de hacer valer e imponer es sencilla, en el futuro la evolución demográfica va a ser negativa, las tasas de natalidad y mortalidad actuales implicarán un aumento de la población de mayor edad con lo que en el sistema habrá un número menor de cotizantes para sufragar las pensiones. Su teoría es que la actual relación de 3 cotizantes por 4 pensionistas se transformará en la de 1 cotizante por 4 pensionistas, con lo cual no se podrían financiar las pensiones y el sistema quebraría. Así los «sabios» de la UE, en su reciente informe elaborado por el llamado Grupo de reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, señalaba que el envejecimiento de la población y la contracción de la fuerza de trabajo interna va a acarrear a Europa consecuencias drásticas, por lo que habrá que tomar medidas para incrementar la tasa de natalidad y aumentar la productividad, todo ello complementado con otras actuaciones como elevar los índices de participación en el mercado laboral (mujeres) y una política de inmigración equilibrada, justa y anticipatoria, es decir selectiva. La mejora de estos factores colaborarían a mantener el sistema público de pensiones, Pero, añaden, «…no menos importante que lo anterior es la necesidad de modificar radicalmente nuestra forma de percibir la jubilación. Deben desalentarse las actuales prácticas de jubilación anticipada. La jubilación debe pasar a ser una posibilidad, más que una obligación, para las personas. La vida activa debe prolongarse aumentando la edad de jubilación real y legal. Los programas educativos y formación para adultos, los regímenes salariales, las condiciones laborales, y los sistemas de pensiones deben adaptarse para crear un mercado de trabajo para la franja de edades comprendida entre los 50 y los 70 años, haciendo más atractivos la contratación y el empleo de trabajadores de edad avanzada». La realidad de las políticas sociales actuales de los gobiernos europeos nos confirman de los aspectos negativos del informe.

A este grupo de sabios institucionales debemos añadir la vanguardia neoliberal. Así, tras la propuesta del gobierno de ampliación de la edad de jubilación y del periodo de cálculo apareció en las primeras páginas un estudio elaborado por más 100 economistas en que aprobaba la medida y se pedía más, como la reforma laboral, si no se quería ir a la quiebra. El titular decía: «Un grupo de expertos piden bajar la pensión respecto al último sueldo. Más de un centenar de economistas reclaman al gobierno firmeza para subir la edad de jubilación». ¿Pero quién lo decía? La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y ¿A quién representa? Uno no quiere dudar de la imparcialidad de este centenar de economistas, pero le surgen las dudas cuando comprueba la composición del patronato de la Fundación (BBVA, Banesto, Santander…), y aunque manifiestan que su propuesta tiene como objetivo preservar el sistema público de pensiones, pensamos que su apego y el de sus patronos por las pensiones públicas es mínimo, o más bien inversamente proporcional al que sienten por los planes de pensiones. Recientemente Francisco Fernández director del BBVA, señalaba que para salir de la crisis unas de las medidas urgentes y necesarias que debía tomar el gobierno eran ajustar la edad de las pensiones y la cuantía de éstas.

Para ellos: «La evolución demográfica hace imposible que el sistema español de pensiones públicas pueda seguir ofreciendo las prestaciones actuales». Según sus proyecciones en el año 2049, pasaríamos, de las más de 4 personas en edad de trabajar por pensionista a 1,75 personas en edad de trabajar por pensionista, y descartan el aumento de la presión fiscal ya sean las cotizaciones, impuestos generales para sufragar el gasto al perjudicar el empleo y la inversión. No contentos, critican que la pensión media en España sea el 80% del último salario (tasa de sustitución), y de nuevo según estimaciones de la OCDE sería una de las más altas de los países de esta organización. Sin embargo silencian que en comparación con la Europa de los 15 las pensiones contributivas españolas son bajas, estas representan un 68% de la media de la UE-15, y si tomamos las no contributivas sería un 46%. La trampa está con quien se realiza la comparación. Si comparamos los salarios españoles con los marroquíes o con los alemanes el resultado no es el mismo.

Lo anterior está en consonancia con su discurso de que en el futuro las pensiones serán insuficientes por lo que debemos ser previsores para no pasar necesidades. ¿Cómo? La solución, como buenos charlatanes de feria, nos la dan ellos mismos: los planes de pensiones privados. Hay que detraer dinero de lo público, ya que se cotiza demasiado, se pagan demasiados impuestos y se obtienen escasos beneficios y se es poco eficiente. Por lo que paguemos menos e invirtamos en sus planes de pensiones en los que ellos tienen asegurados sus beneficios. Dentro de la búsqueda de eficiencia en España abogan por la supresión del Pacto de Toledo, en el que están representados los partidos parlamentarios y fuerzas sociales. Se debe crear una comisión de expertos independientes que elaboraría un informe de cómo asegurar nuestro futuro.

Frente a los neoliberales se encuentran los defensores de las pensiones públicas y del Estado de bienestar en general. Dan los argumentos de su viabilidad y desmontan las tesis neoliberales. Pero se encuentran en inferioridad, no intelectual pero si mediática. Nunca veremos sus postulados ocupando los titulares de la prensa y mucho menos de los medios audiovisuales, con suerte descubriremos algún artículo en páginas interiores. Están en el sistema, como todos, pero no pertenecen al poder económico que lo mueve, sin quererlo forman parte de la farsa democrática en que nos movemos. Sus argumentos por muy validos que sean, no llegan a la mayoría ya que en el campo mediático, que es parte esencial del Sistema, tienen la batalla perdida.

Mantienen que el envejecimiento de la población es una realidad, el equilibrio financiero, la relación entre gastos e ingresos que debe mantener el sistema de pensiones vía cotizaciones sociales, para que se mantenga dependerá de que una serie de factores evolucionen positiva o negativamente, factores que los neoliberales ocultan, tergiversan o silencian. Así, el volumen de las cotizaciones dependerá del empleo o desempleo que exista, así como de la calidad de éste, del volumen de la actividad económica y su tasa de crecimiento, del nivel salarial, de la distribución de la renta, de la productividad, de la economía sumergida y de la tasa de actividad y el empleo femenino.

Si en España se aumenta la tasa de empleo femenino, con empleo estable y salarios dignos colaboraríamos al mantenimiento de las pensiones, pero para ello habría que incentivar una serie de medidas que permitiesen a la mujer la incorporación al mundo laboral: guarderías, conciliación familiar, etc. Pero nos encontramos que los recientes recortes sociales y propugnados en la UE van en sentido contrario.

La calidad del empleo ligado al nivel salarial en nuestro país lleva años bajo mínimos, los salarios reales han descendido y todo ello se ha logrado con la colaboración de empresarios y gobiernos. Lo mismo sucede con la productividad a la que ahora se recurre constantemente, si se quiere aumentar la productividad habrá que mejorar las condiciones laborales y la formación. Lo que se hace es reformar el mercado laboral para que los empresarios obtengan mayores beneficios. Cuando se habla de falta de ingresos se evita tomar medidas reales contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que en España es de las más elevadas de la UE. Si se realiza una distribución justa de la renta los ingresos de la mayoría aumentarían, pero nos encontramos con que en las últimas décadas en que el crecimiento ha sido mayor, las desigualdades sociales han aumentado.

En cuanto a la largar la edad de jubilación real y legal obligatoriamente, no lo creen necesario aunque voluntariamente podría aceptarse. Lo que ocultan los neoliberales es que la esperanza de vida también está relacionada con la clase social a la que uno pertenece y la educación que posee. Está documentado que las personas con trabajos penosos viven menos que los que gozan de una buena situación social y laboral por lo que sería injusto tratar por el mismo rasero a un peón de la construcción que a un profesor universitario. Para los neoliberales sería un negocio redondo que la clase obrera pasase del trabajo a la tumba, el beneficio sería notable.

Conclusión

La decisión de reducir las pensiones y alargar la edad de jubilación ya está tomada, su aplicación es una cuestión de plazos y no habrá huelga general que la pare. Esta batalla la han ganado ellos. Para la Comisión Europea y el Banco de España, la decisión debería tomarse en este mes de julio y no esperar más, así se tranquilizaría a los mercados y se generaría confianza.

Pero esta decisión, como las otras que se están tomando, no surgen de un debate en la sociedad sino que vienen impuestas y los gobiernos y parlamentos títeres lo único que hacen es convalidarlas. El bombardeo mediático que sufrimos y que sólo expone las teorías neoliberales lo dice claramente: El FMI, la UE, El Banco Central Europeo (BCE), El Banco Mundial, los bancos centra les de los distintos países y como no, la pléyade de expertos neoliberales han sentenciado que se debe alargar la edad de jubilación y rebajar su cuantía. ¿Y quiénes somos nosotros simples mortales para contradecirlos? ¿Qué podemos exigirles? En realidad, tal y como está la situación, poca cosa. En primer lugar no los hemos elegido nosotros, es decir, en un sistema democrático los ciudadanos no eligen a los organismos que tomaran las decisiones que les afectan y los elegidos para gobernar sólo los obedecen a ellos. ¿Pero no estamos en una democracia? Y me dejo ese ente abstracto «los mercados» que generaron una crisis y a los que todos debemos tranquilizar y conseguir su confianza.

Las medidas contra las pensiones es un hecho consumado, lo que no quiere decir que en un futuro pueda darse marcha atrás. El problema de fondo que tiene la sociedad es cómo se enfrenta al poder económico imperante. Tras las pensiones, el próximo ataque será contra la sanidad, la educación públicas, etc. Y nos encontraremos con el mismo escenario. Unos poderes políticos sumisos, unos sindicatos sometidos y unos partidos políticos en su mayoría alejados de la realidad social. ¿Y la alternativa de izquierdas? No sabe, no contesta o ¿no existe?

Publicado en Polémica, n.º 98, diciembre 2010