Edson PASSETTI*

Entre los años 1960 y 1990, el Estado norteamericano se dispuso a acometer dos luchas en Latinoamérica: contra el comunismo y contra el narcotráfico.

La primera, amparada por los ecos de la revolución cubana, a finales de los años cincuenta, pretendía erradicar a los guerrilleros comunistas, a los subversivos en general y a los gobiernos que defendían ideales socialistas reformistas. Para ello, incentivaron y acogieron las reformas estatales patrocinadas por gobiernos autoritarios, que tendrían también la responsabilidad de preparar una posterior transición al «capitalismo democrático», como en Brasil, o simplemente implantarlo, como en Chile, ambos definitivamente libres de subversivos. Después de acorralar, arrestar, torturar y matar a los insurgentes, llegó la fase de consolidación del capitalismo democrático, o neoliberal, para lo cual la institucionalización de la política de defensa de los derechos humanos contribuyó de manera decisiva. Capitaneada desde 1977 por el demócrata y Premio Nóbel de la Paz Jimmy Carter, esta política, aplicada en favor de la redemocratización, fortaleció más aún al Estado norteamericano en América del Sur en su enfrentamiento ideológico con los totalitarismos socialistas.

iUna nueva era se anunciaba! La era de la panacea democrática, la del desplazamiento del blanco a combatir y de una nueva política exterior estadounidense, en la que la deposición de gobiernos dejaba de ser una prioridad.

En este panorama, la política de derechos humanos funcionó para cerrar, en América del Sur, la fase de intervenciones y de uso necesario de la dictadura como garantías para el desarrollo del capitalismo frente a la amenaza del socialismo. Fue también el fin de una época en la que las dictaduras funcionaron como prevención y como fianza de la hermandad americana al sur del continente, liderada por Estados Unidos.

La política de derechos humanos de Carter llegó para actuar en dos direcciones: denunciar las torturas de los gobiernos militares (omitiendo que el Estado norteamericano había sido la fuente de saber y represión), y la corrupción instalada en la burocracia estatal. Funcionó como soporte para suprimir las viejas oligarquías, redimensionar la miseria secular, enfatizar las restricciones de derechos y denunciar el exceso de gastos que, en ciertos casos, propició a astutos militares la diversificación de sus intereses de seguridad nacional, tornándolos inversores en el tráfico de drogas. La aparición del traficante de drogas relacionado con los militares, creando una empresa en expansión, fue rápidamente constatada por el gobierno republicano de Ronald Reagan y por la diplomacia norteamericana como negocio ilegal. Sin embargo, no tardaron en identificar el mismo negocio relacionado con las organizaciones de guerrilleros como doblemente ilegal.

El hecho es que durante las dictaduras militares, en algunos países del continente en los cuales las guerrillas eran fuertes y contaban con una geografía propicia, como en los casos de Colombia y Perú, el tráfico de drogas también se tornó una inversión de los guerrilleros, a partir del control severo sobre las poblaciones campesinas que se hicieron rehenes de esas organizaciones.

Los campesinos pasaron a ocupar el ojo de la tormenta. Se vieron presionados a trabajar para el tráfico, para la guerrilla y, también, para la industria farmacéutica internacional, administrada por los Estados nacionales que controlaban la producción de la hoja de coca. Se encontraron entre la conservación de un cultivo proveniente de una cultura milenaria (su articulación con la guerrilla y la administración estatal) y la erradicación del mismo en nombre del puritanismo moral e ideológico, con el imperativo tolerante de Estados Unidos, que lo permitía solamente para la farmacología.

El nuevo conjunto de influencias de Estados Unidos se concentró en el combate al tráfico de drogas, identificando a países latinoamericanos, principalmente Colombia, Bolivia y Perú, como países productores, responsables de diseminar el vicio en los países consumidores, entre los cuales, preferentemente, se encontraban Estados Unidos y la Europa Occidental. Mezclando intervención militar camuflada con política de restauración moral, el Estado norteamericano inició prácticas antidemocráticas de erradicación del cultivo de hojas de coca, amenazó culturas indígenas seculares, y a sindicatos y campesinos, en nombre del combate a la cocaína y a sus agentes revolucionarios: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) o Sendero Luminoso, en Perú.

Política de hermandad

La nueva política estadounidense para América del Sur expandió la noción de sujeto peligroso, ampliando y conjugando los conceptos de moralismo, tráfico de drogas, subversión y gobiernos.

Estados Unidos aparecía como el buen hermano, ayudando a limpiar esos países de traficantes, guerrilleros y gobiernos corruptos. De forma engañosa, combinaba política de Imperio con puritanismo. Se trataba de una nueva batalla en el ámbito de la salud, de la política y de la moral para liquidar corruptos y traficantes y, al mismo tiempo, pavimentar la era del neoliberalismo democrático y moralista, fundado en la defensa de los derechos humanos y de las minorías. La Era del conservadurismo administrado con seguridad y rigor por gobiernos en una democracia de derechos, fortaleciendo la práctica del institucionalizado ciudadano responsable.

Los países productores

Bolivia, Perú y Colombia eran considerados los principales productores, proveyendo de cocaína, preferentemente a Estados Unidos. En este país se vivía el boom neoliberal, amparado en la alta productividad de sus jóvenes ejecutivos, los yuppies, generando nuevas empresas y desbravando la economía informacional. Dinámica y altamente lucrativa, la fase neoliberal aumentaba la presión sobre la convaleciente economía socialista soviética, que también se enfrentaba a oposiciones radicales en Oriente, incluso guerrilleras, como la apoyada por Estados Unidos en el Afganistán exportador de heroína.

Las cosas oscilaban según los intereses políticos del imperio estadounidense. En América del Sur, se combatía el tráfico en nombre del puritanismo de las costumbres y contra su asociación con organizaciones subversivas; en Oriente, se daba apoyo a los productores de drogas y a la guerrilla en función del puritanismo político y de la lucha contra la URSS ¡En política, lo que es correcto o incorrecto depende de las circunstancias, pues la política es siempre la guerra prolongada por otros medios!

El neoliberalismo encontraba apoyo moral también en las religiones cristianas, tanto del Estado Vaticano como de las ramificaciones evangélicas, expandiendo y amplificando la doctrina puritana contra las alegadas incesantes perturbaciones, generadas por el sexo libre y el uso de drogas: las liberaciones de los años 1970.

La era conservadora llega también repleta de nuevos pecados en busca de perdón: ¡la hermosa y productiva nueva generación yuppie se encontraba sumergida hasta el cuello en la cocaína y en la heroína! El puritanismo político encontró su socio en el puritanismo de costumbres.

Según los gobiernos estadounidenses (de liberales a republicanos y viceversa), el negocio de las drogas pasó a ser la encarnación del mal por dar medios de supervivencia a los subversivos en los países productores y destruir moralmente los ghettos y favelas en el interior del territorio norteamericano. Asociando el tráfico de drogas a la subversión socialista, pasaron a forzar a los gobiernos latinoamericanos a combatir la guerrilla, pretendiendo llevarla a la retirada y después al exterminio y, simultáneamente, a erradicar la producción de coca. De esta manera se pretendía interceptar la circulación de las drogas asociada a la atracción y corrupción de jóvenes pobres, negros y extranjeros latinoamericanos en el interior de Estados Unidos, tornándolos agentes de los traficantes, integrantes de los gangs y corruptores de los otros hermanos blancos.

El círculo de protección a la nueva generación de jóvenes productivos de las empresas se iba cerrando. Amenazaron a los gobiernos latinoamericanos con la intervención militar, como con la Operación Alto Horno, en Bolivia, en 1988, pero también prometieron ayuda militar; ofrecieron programas de recolocación de la población campesina asociados al final de la narcoguerrilla y del narcotráfico, pero sin darle amparo a los campesinos capturados en la red del tráfico. El gran negocio era involucrar a los países productores en la guerra contra las drogas. Para ello convocaron las Conferencias de Cartagena (1990) y San Antonio (1992), que desembocaron en la Cumbre de las Américas de 1994, cuando se anunció el ALCA y se acuñó el concepto de «responsabilidad dividida» en la guerra contra las drogas, contemplando a todos los Estados en la defensa del Continente. El Estado norteamericano pretendía acabar de una vez con la guerrilla, el tráfico y también con la relación entre la burocracia de Estado y el tráfico. Más aún, encontró un medio de atraer a todos al combate moral y material en la situación de terror que se prolongaba.

Esta política austera dependía de la ampliación del régimen de las penalizaciones, que va del Estado a la sociedad, y que de ésta retorna al Estado, componiendo una relación indisociable entre organizaciones de derechos y controles de penas con múltiples intervenciones gubernamentales. Se funda la Era de la creencia en el castigo generalizado, de los más suaves a los más rigurosos, desde los niños hasta a los adultos y ancianos; de las múltiples puniciones contra usuarios, traficantes de drogas y organizaciones criminales. Es la Era del programa tolerancia cero, con el crecimiento de las prisiones y de los prisioneros, de regímenes de penas alternativas, de severidades en las familias y escuelas. También la Era de programas de derechos para las poblaciones moralizadas, siempre que permanecieses en sus ghettos, favelas y periferias. Una Era de la democracia política con autoritarismo en las costumbres.

Bajo este nuevo signo de consensos y represiones, poco importa si los derechos son ejecutables. Su función es detener y amputar las resistencias contestatarias e insurreccionales e introducir, entre las poblaciones pobres y resistentes, regímenes de élite, según los agrupamientos ajustados de acuerdo con su lucha por su derecho. Se pretende, con ello, fortalecer culturas que reivindican mejoras sociales y que lamentan su propia condición de miserables, administradas por organizaciones no gubernamentales o incluso por cierta cultura hip-hop, funcionando como una imagen reflejada de la similar condición de las minorías estadounidenses. Se trata de capturar la movilidad de los movimientos sociales.

Si en el pasado Estados Unidos exportó cultura vía política de Estado, como la de la buena vecindad, atrayendo a su lado a gobiernos latinoamericanos propensos a apoyar a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en la actualidad, mediante difusión de los medios de comunicación de masas, controla eventuales resistencias por contagio de las culturas de los ghettos. Es la nueva higienización de las periferias, sin que con ello se les ponga fin. iNo hay Estado democrático sin crecimiento de la miseria!

Era de reformas. Era conservadora de la administración democrática y puritana de la miseria. Era de exterminio de guerrillas, democratización de la penuria por una plétora de derechos y de redimensionamiento del tráfico de drogas bajo legislaciones cada vez más rigurosas, pero incapaces de eliminarlo. En muchos casos creó condiciones favorables para un nuevo tráfico, no ya de plantas y sus derivados, sino de sustancias sintéticas, bien recibidas por los hijos de la generación yuppie. Las drogas dejaron de ser medio de contestación para aniñarse en medios reactivos. No se acabaron. Indican un nuevo rumbo del control, no ya preponderantemente militar, y sí policial. No ya dirigido a sentencias carcelarias, y sí de control a cielo abierto: ¡tolerancia cero!

Giro repentino

La lucha contra el capitalismo se transformó en lucha democrática en el capitalismo: globalización, antiglobalización, por otra globalización.

Guerrillas, terroristas y organizaciones armadas de combate a los regímenes totalitarios en Brasil, Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia, fueron barridas, inmovilizadas o capturadas. Le cedieron el turno a otra versión que combinaba subversión con mercado ilegal de drogas, buscando deponer dictadores y capitalistas, como en Perú y en Colombia. Para llevar esto adelante, pasaron a controlar a los campesinos con mano dura, se lanzaron al mercado ilegal capitalista para obtener recursos y se transformaron en nuevos agentes en el mercado. Le llegó el derrocamiento a Sendero Luminoso y el aislamiento a las FARC, que pasaron a combinar dos estrategias económicas: el secuestro de personalidades políticas y empresariales y el comercio de drogas. Olvidados internacionalmente, no reciben, hoy en día, si siquiera el apoyo declarado del gobierno cubano.

La dictadura agonizante de Cuba cambió de estrategia a inicios del siglo XXI. Se concentró en el reformismo de Hugo Chávez, en Venezuela, y en apoyos localizados al gobierno de Evo Morales, en Bolivia, vinculado a los campesinos y a las nacionalizaciones de sectores de la economía de base, como el gas. Morales tuvo una especial trayectoria en esta época. Inició su carrera política tras una intensa actuación como líder incontestable de los cocaleros sindicalizados de Bolivia, organizados después de los intentos de erradicación del cultivo de la hoja de coca por los norteamericanos. Se formó reformista y, como Chávez, aunque menos incisivo hasta ahora, tampoco pone en peligro al capitalismo. Apenas pretende, como el presidente venezolano, alterar algunas tonalidades capitalistas en función de la retórica socialista y del control centralizado del Estado frente a la posibilidad de una unificación de mercados en América del Sur.

Los socialistas de tradición reformista descendientes del gobierno de Salvador Allende, depuesto el 11 de septiembre de 1973, en Chile (creyentes de la reforma socialista por la vía electoral democrática) o incluso de Joao Goulart, depuesto por la dictadura militar el 31 de marzo de 1964 en Brasil (un híbrido de nacionalismo con vagas ideas socializantes), y que fueron blancos de ataques incontestables de los gobiernos estadounidenses, no podrían imaginar durante aquellos años de lucha que, a finales del siglo XX, una década después de la política de derechos humanos, no serían ya sinónimo de peligro. Al contrario, pasaron a ser colaboradores de la nueva democracia en las Américas (y en el planeta), distanciándose de la izquierda para situarse en la confortable posición de centro.

Tiempo 1

En nombre de la democracia aparecieron los regímenes autoritarios. En nombre de la democracia, el combate a los subversivos. En defensa de la democracia emergió la política de los derechos humanos y la institucionalización democrática latinoamericana. Al mismo tiempo, se estableció el vínculo de mercado entre subversivos en retirada y mercado de drogas, una ilegalidad en expansión, de manera análoga a lo constituido por burocracia de Estado y oligarquía con el tráfico. La democracia se fue fortaleciendo en el combate a los subversivos y traficantes, llevando las resistencias políticas socialistas a la legalidad y transformando los antiguos y amenazadores socialistas adversarios en socios demócratas respetables. Mientras tanto, la administración de la miseria también se globalizó, con la formación de resistencias reactivas organizadas según el sistema de élites capturadas en los movimientos de defensa de derechos humanos y de derechos afirmativos. El neoliberalismo se extendió y se expandió democratizando Mercado y Estado, aislando subversivos y redimensionando a los socialistas reformistas en la retórica Chávez-Morales.

Acaece otro desdoblamiento. Con el 11 de septiembre de 2001, la guerra a las drogas pasa a ser asociada también a la guerra contra el terrorismo. Desde la identificación de las drogas con las organizaciones guerrilleras, lo que parecía estar superado termina una vez más redimensionado. El miedo a la subversión no está ya en su amenaza a la conquista del Estado o en los gobiernos con perfiles socialistas, pero sí en los radicalismos de los terrorismos. Si la democracia en las Américas tolera los gobiernos Chávez y Morales es porque la diversificación de los dispositivos de excepción en su interior se volvió una regla. Sin embargo, el terrorismo no sólo permanece en el campo de lo intolerable sino que también se volvió más amenazador, pues ataca directamente a Estados Unidos, su gobierno, territorio, personas y áreas internacionales de influencia o a sus Estados aliados. La política como guerra continuada por otros medios tampoco cesa.

A inicios del siglo XXI, la política exterior norteamericana, libre del peligro comunista, ya no propone derrocar gobiernos, solamente administrarlos con sus innovaciones. Invierte en la perenne negociación democrática. El protagonista del momento es el demócrata Al Gore, indicando las necesarias reformas y cuidados ecológicos.

*Edson Passetti es coordinador del Nu-Sol (Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC-SP de Brasil) y miembro de Verve, revista semestral autogestionaria.

Publicado en Polémica, n.º 91, octubre 2007