En medio de una gran desinformación, quienes mueven los hilos de las relaciones internacionales preparon hace tiempo el asalto a aquellos ámbitos de la vida social que quedaban fuera de las leyes inexorables del mercado: la educación, la salud, los servicios sociales. La ola de privatización que padecemos en la actualidad no es una consecuencia inevitable de la crisis, responde a un plan elaborado y puesto en práctica hace mucho tiempo.

Bernardo RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Las relaciones internacionales es algo que escapa a la comprensión de la mayoría de los ciudadanos, que acostumbran a pensar que se trata de algo que no afecta de forma sustancial a sus vidas, por lo que no es de extrañar que dejen esos asuntos en manos de sus representantes. La realidad, sin embargo, es muy distinta, como demuestran casos como el AGCS.

El Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios Públicos (AGCS) o, con sus siglas en inglés, GATS (General Agreement on Trade in Services), forma parte de los acuerdos adoptados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), organismo constituido el 1 de enero de 1995 en sustitución del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), como resultado de los acuerdos de la Ronda de Uruguay del GATT (1986 y 1994) que culminaron en los Acuerdos de Marrakech (1994). El AGCS supone un cambio sustancial en las reglas del comercio internacional a favor de las corporaciones transnacionales y en perjuicio de la soberanía de los estados y en especial de los ciudadanos. La OMC da con ello un salto cualitativo y cuantitativo y amplía su campo de acción del comercio de bienes al de servicios, que incluye desde los transportes, el suministro de agua y electricidad, la salud, la educación, la asistencia social, etc. Es decir, trata de alcanzar el libre cambio absoluto supeditando las necesidades humanas a los intereses mercantiles, y las reglas del comercio pasan a regir toda actividad.

Los promotores del AGCS

La estrategia del Capital en las últimas décadas persigue convertir todo el planeta en un gran mercado y someter a sus reglas a toda la humanidad. Hasta ahora el único sector que no domina en su totalidad es el de los servicios públicos. El AGCS tiene este objetivo: la completa liberalización de este sector que representa el 50% de la economía mundial y en los países desarrollados alcanza los dos tercios de su economía.

El proceso de liberalización se inició en los años ochenta. Algunas corporaciones norteamericanas (American Express, American International Group-AIG y Citicorp) iniciaron una campaña para convencer a instituciones y gobiernos de la necesidad de liberalizar el sector servicios y someterlo a las normas comerciales, las reglas que ahora establece la OMC. Para ello, contrataron a expertos y economistas para que elaboraran informes y estadísticas que ensalzaran los beneficios y ventajas de la liberalización del sector. En 1982 fundaron la Coalition of Service Industrie (CSI) para influir en los medios políticos para que asumieran sus tesis y modificaran las legislaciones de los distintos países para abrir las puertas a la liberalización. El tratamiento del lenguaje, como veremos, desempeña un papel importante en los acuerdos del comercio internacional, ya que sirve para ocultar la realidad de sus objetivos. Así empezaron a utilizar términos como industria de servicios o comercio de servicios. Tras conseguir el apoyo de la administración norteamericana –que creará un comité especial: el Industrial Sectorial Advisory Comité (ISAC)– iniciaron contactos informales con Japón y la Unión Europea, que no tardaron en apoyar la causa. Los países del Tercer Mundo, encabezados por la India y Brasil, rechazaron de plano la propuesta, pero las transnacionales continuaron presionando a los gobiernos y lanzaron campañas en favor de la liberalización. Puntualmente eran informados de todas las negociaciones por los comités creados por Estados Unidos y la Unión Europea, que serán quienes marcarán las pautas a seguir.

La presión de los gobiernos del norte, de la Cámara de Comercio Internacional, de lobbies como la CIS o la Tabla Redonda Europea, de los industriales y de la Unión de las Confederaciones de la Industria, de las patronales europeas (UNICE), lograron que uno de los sesenta textos de los Acuerdos de Marrakech, que culmina con la creación de la OMC, sea el AGCS, con una característica esencial: no se trata de un acuerdo cerrado, sino que se irá desarrollando en sucesivas negociaciones en las que se ampliarán los sectores a liberalizar –o sea, a privatizar– sin que haya posibilidad en la práctica de dar marcha atrás en aquellos países que lo asuman.

El fin de los servicios públicos

No debemos olvidar que el AGCS es un acuerdo de la OMC, por lo que se desarrollará y funcionará según las reglas del libre comercio, y que quienes realmente las establecen son las grandes corporaciones transnacionales. Los gobiernos, una vez aceptan el acuerdo, quedan sometidos a sus leyes, por lo que sus legislaciones, a nivel nacional, regional y local, deben adaptarse a las reglas establecidas por la OMC, que tiene su propio organismo para la solución de conflictos (OSD), con arreglo a sus normas y con total independencia de Naciones Unidas. Su filosofía es muy simple: todo es mercancía y todo se rige por el libre comercio.

En el sector terciario existen muchos servicios que son prestados y gestionados por el sector privado, algunos de ellos de reciente liberalización como el sector de las telecomunicaciones, pero aún existen –en especial en los países ricos– otros como los servicios públicos que son gestionados por el Estado, ya sea directamente o a través de gestores privados subvencionados, y su importancia en términos económicos es muy grande. Así, el sector de la salud supone un volumen de negocio de 3,5 billones de dólares; la educación 2 billones y el abastecimiento de agua 1 billón, todos ellos muy apetecibles para las transnacionales.

El AGCS no hace referencia explícita a los servicios públicos, por lo que sus defensores califican de alarmistas a quienes advierten del peligro de que desaparezcan. Se escudan en una cuestión terminológica y en la ambigü̈edad del acuerdo que establece (artículo 1) «el término servicios comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales», aclarando a continuación «un servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni de competencia con uno o varios proveedores de servicios».

Pero hoy en día, los servicios públicos (sanidad, educación, agua, electricidad, etc.) en la mayoría de los países son prestados en concurrencia entre el sector privado y el sector público. Con lo que todos ellos son susceptibles de ser liberalizados y quedar en manos de las transnacionales, cuya finalidad es la obtención de beneficios económicos aún a costa de los derechos sociales. De esta forma, a los estados no les quedaría más competencias que la defensa nacional, la judicatura, la policía y los bancos centrales –es decir, aquellos elementos esenciales para la supervivencia del sistema–, y el principio de concurrencia se impondrá sobre los derechos económicos y sociales de los ciudadanos.

Liberalización progresiva, democracia desaparecida

Señalaremos algunos aspectos que nos den una idea de las consecuencias que este acuerdo va a tener para los ciudadanos. Al tratarse de un acuerdo no cerrado, se irá desarrollando en diversas rondas de negociación en las que previsiblemente se irá avanzando en la liberalización de todos los sectores, con el agravante de que, como ya dijimos, una vez liberalizado un sector es prácticamente imposible dar marcha atrás. Una vez que un gobierno ha decidido liberalizar un sector, para retornar a la situación anterior deberá compensar al resto de los miembros de la OMC con concesiones como la liberación de otros ámbitos del sector servicios, o compensaciones financieras que aquéllos tendrían derecho a exigir. En caso de litigio intervendría la OSD para solucionar el conflicto. Si esto ocurriera, las compensaciones irían a parar a los países ricos, en realidad a las grandes transnacionales del sector que consiguen de esta forma lo que no consiguieron con el AMI, que todos los derechos sean para las transnacionales y las obligaciones para los gobiernos y los ciudadanos. Nos encontramos ante el hecho de que, una vez liberalizado un sector, un nuevo gobierno que llegase al poder tras unas elecciones no podría modificar la situación existente, con lo que la voluntad popular quedaría impotente y la democracia quedaría reducida a pura falacia.

El propio acuerdo establece el procedimiento para someter los poderes públicos al dictado del libre mercado al señalar (art. 1) que éste se aplica a las medidas adoptadas por los miembros que afecten al comercio de servicios, y aclara ampliamente que «medidas»: las adoptadas por gobiernos y autoridades nacionales, regionales o locales e instituciones no gubernamentales en ejercicio de facultades en ellas delegadas por gobiernos o autoridades nacionales, regionales o locales lo que incluye las leyes, los reglamentos, las decisiones y hasta las prácticas no escritas, de tal forma, que no son las normas del AGCS las que se deben adaptar a las de los estados, sino que son las leyes de los estados, supuestamente resultado de la voluntad popular, las que se adaptan al AGCS.

Para alcanzar este sometimiento, a parte de aceptar las normas generales de la OMC. Se establecen unas obligaciones generales y otras específicas. Las primeras son obligaciones básicas y se aplican a todos los sectores, como el tratamiento de «nación más favorecida» por la que se debe tratar por igual a todos los socios comerciales. También, bajo el criterio de transparencia los estados están obligados a comunicar al resto de los miembros sus leyes y reglamentaciones referentes a los servicios y las modificaciones para ajustarse a las decisiones de la OMC. Pero no se trata de una simple comunicación, sino que posteriormente se señala que las leyes y los reglamentos adoptados por un Estado en materia de cualificación (como normas de seguridad en determinados ámbitos, por ejemplo) deberán ser administradas de manera razonable, objetiva e imparcial, es decir, que no podrán ser más rigurosas de lo que sea necesario, para lo cual y para evitar que estas reglamentaciones constituyan obstáculos al comercio, el Consejo del Comercio y Servicios establecerá unas disciplinas (reglas) que marcarán la pauta de cómo se debe reglamentar y qué se debe exigir.

Las obligaciones específicas se aplican sólo a aquellos sectores que los gobiernos han decidido incluir y en concreto son la del Tratamiento Nacional (art. 17) y la del acceso a los mercados.

El principio de Tratamiento Nacional significa que se debe tratar a los suministradores de servicios (transnacionales) de igual modo que a las empresas nacionales. Esto puede generar que las políticas de Estado que impulsen el crecimiento de empresas nacionales en un sector se vean limitadas o suprimidas y, por otra parte, las obligaciones que hoy existen de que las empresas foráneas tengan proveedores, personal o gestores locales quedarían abolidos. En este caso, como en la mayoría, los principales afectados serán los países en vías de desarrollo que no podrán potenciar una industria de servicios propia, como en su día hicieron los denominados «tigres asiáticos» con las limitaciones a las inversiones extranjeras.

Por las reglas de Acceso a los Mercados se acabaría con las limitaciones de los gobiernos a que existan un número de proveedores o concesionarios de servicios tanto nacionales como extranjeros. Así, las limitaciones establecidas por un ayuntamiento o gobierno regional al número de grandes superficies comerciales no serían viables y los Carrefour, Eroski y demás camparán a sus anchas sin que el pequeño comerciante tenga posibilidad de hacer nada, ya que si se limitase el mercado a un proveedor, se vulnerarían las normas del AGCS que estarán por encima de las locales.

El hecho de las obligaciones específicas es lo que permite argumentar a los valedores del acuerdo su voluntariedad, ya que si un miembro no quiere aceptar estas obligaciones no se le aplicarán e incluso podrá poner limitaciones. Pero lo que no se dice es que el propio acuerdo establece la liberación progresiva de todos los servicios, y que las obligaciones generales ya son el principio de este proceso. Además en las sucesivas rondas de negociaciones se establecen nuevas liberalizaciones y ampliaciones de las ya existentes. El mecanismo es el de demandas y ofertas. Cada país miembro expone las peticiones de los servicios que desea sean liberalizados en otros países y a continuación expondrá aquellos que está dispuesto a liberalizar en el suyo y bajo que condiciones.

Sobre cinismo, ignorancia e irresponsabilidad

Es de todos conocida la falta de democracia en la toma de decisiones en los organismos internacionales. Grupos de expertos manejados por lobbies deciden y la ciudadanía ni tan siquiera se entera hasta que ya es demasiado tarde. Como veremos, en todo este proceso nos encontramos con actitudes cínicas, ignorantes e irresponsables.

El actual director de la OMC es Pascal Larny que anteriormente representaba los intereses de la Unión europea (UE) en las negociaciones del AGCS. Pero ¿qué intereses defendía? ¿Los de los ciudadanos europeos a los que representaban o los de las transnacionales? Si la falta de transparencia y falta de democracia de la Comisión Europea es una realidad, ya sabemos de qué lado estaba. Como ya señalamos, la transparencia es una de las bases del AGCS, el problema es que sólo se le exige a sus miembros, pero no así al proceso negociador, al que sólo las transnacionales tienen acceso directo mientras los estados y los ciudadanos se enteran de lo que se negocia a través de filtraciones. Pero su cinismo no acaba aquí. Nos dicen que los beneficios de la liberalización serán para todos, ya que se incrementarán las exportaciones de servicios y mejorarán las economías locales, pero en este sector sólo revertirán en los países ricos, o mejor dicho en las transnacionales de los países ricos, ya que las transnacionales de servicios sólo están en los países industrializados y si la economía local no puede protegerse a través de los poderes públicos, no sólo no mejorará, sino que dejará de existir. También hay que considerar la idea de que con la competencia y el final de los monopolios se benefician los consumidores. Si nos fijamos en el caso de Telefónica, vemos que los únicos beneficios han sido para la empresa, ya que se han reducido los empleos, ha aumentado la precarización con las subcontratas, ha rebajado salarios y degradado las condiciones laborales, mientras los consumidores siguen pagando tarifas altas y legalmente están prácticamente desamparados.

Podemos explicar y justificar la ignorancia por gran parte de la ciudadanía de las consecuencias de la liberalización, ya que la información no está a su alcance, pero en ningún caso la de aquellos que se autoproclaman pilares de la democracia, partidos políticos y sindicatos. ¿Cómo pueden permitir que se negocie y legisle sobre el bien público sin tener conocimiento de ello? Y lo más grave ¿cómo aceptan estas situaciones? Las denuncias por parte de estos actores sociales y sus discusiones parlamentarias si no inexistentes, son irrelevantes. En este caso no estamos hablando de ignorancia, sino de irresponsabilidad o complicidad.

Los países pobres se han enfrentado a la OMC, pero su situación no es ventajosa a la hora de negociar, entre otros motivos por que las verdaderas negociaciones se realizan sin contar con ellos, y sólo cuando las transnacionales y los países ricos CEE UU, Japón, UE y Canadá) han llegado a un acuerdo de lo que hay que decidir entran en escena y las presiones de los lobbies y las grandes potencias se intensifican para que acepten las decisiones de los poderosos.

Los otros protagonistas en la lucha contra el AGCS y la OMC son los movimientos sociales, con sus denuncias constantes y su trabajo de información a la sociedad. Organizaciones como Attac, Intermon-Oxfam, World Developement Movement y otras llevan años en esta tarea, lo que ha influido en el hecho de que muchos ayuntamientos y colectividades públicas en Francia, Bélgica, Austria y otros países empiecen a manifestarse contrarios al AGCS, declaren sus territorios «zonas libres de AGCS» y soliciten una moratoria para la discusión y aplicación del acuerdo, así como una evaluación previa de las consecuencias que acarrearía su aplicación. A esta evaluación de las consecuencias del AGCS, ya solicitada por algunos países pobres, ha hecho oídos sordos la OMC ante el temor de que descubriese la realidad.

Publicado en Polémica, n.º86, octubre 2005