Álvaro MILLÁN

Se conoce por mobbing inmobiliario aquella actuación sistemática que efectúa el propietario de un inmueble con el fin de forzar al inquilino a abandonar su vivienda. Se trata de una práctica que se va generalizando en nuestras ciudades como parte de un modelo de desarrollo urbano que ante su ambición de beneficios no conoce límites ni escrúpulos. Esta práctica de acoso y violencia convierte en un infierno la vida de quienes la padecen, generalmente personas ancianas y sin recursos ni medios con que defenderse.

El salvaje desarrollismo urbanístico que padecemos, no sólo ha destrozado una buena parte de este país sembrándolo de espantosas urbanizaciones y de edificios de nichos lo que antes eran playas o espacios públicos, sino que ha generado una especulación que crece constantemente y que ha convertido el derecho a una vivienda digna que consta en la Constitución en un cruel sarcasmo. La especulación del suelo y la liberalización de los precios impuesta por la Ley de Arrendamientos Urbanos (la LAU de Miguel Boyer y Felipe González) son las causas inmediatas de este desastre. Hemos visto cómo los precios de las hipotecas y los alquileres subían hasta colocarse muy por encima de lo que percibe como salario un ciudadano medio. En ocho años subió un 150% el precio de la vivienda, mientras los salarios sólo se incrementaban en un 34,5% de media. Y mientras esto ocurría con el beneplácito de gobiernos de diferente signo, llenando los bolsillos de innumerables concejales –y las arcas de sus correspondientes partidos– de generosas dosis del tres por ciento, nos hemos ido conformando con la idea de un crecimiento económico basado en el impulso del ladrillo. Los beneficios de este crecimiento –ficticio en gran medida– no acaba de percibirse, pero su precio sí resulta evidente. Se le ha impedido a la juventud –sometida además a los contratos basura y al expolio de las ETT– que se independice y lleve adelante su proyecto de vida, forzándola a una interminable adolescencia en el domicilio familiar, se ha encadenado a millones de ciudadanos a una deuda hipotecaria con la que tendrán que pasar casi toda su vida y se ha degradado la calidad de vida de una gran parte de la población. Según datos del Banco de España, el nivel de endeudamiento de los españoles ha superado el 90% –el 60% corresponde a la vivienda– entre 1990 y 2004.

La actuación de las administraciones públicas en complicidad con el sector privado es un elemento imprescindible para entender este fenómeno especulativo. En Barcelona, por ejemplo, la inversión pública destinó 36.000 millones de euros para las 36 operaciones urbanísticas prioritarias del área metropolitana. Por su parte, sólo la Generalitat recauda 2.918,8 millones de euros por los impuestos derivados de la compra-venta de inmuebles. Con esto podemos hacernos una idea del esfuerzo que deben estar realizando los poderes públicos para solucionar el problema de la vivienda. Y mientras todo esto ocurre, en el término municipal de Barcelona, donde existen en la actualidad más de 300.000 pisos desocupados, se realizan 3.675 desahucios al año –una media de 10 al día–. La lógica de la especulación es implacable y su avidez de beneficios no conoce escrúpulos.

¿Qué es el mobbing inmobiliario?

Dado el precio de la vivienda y sus posibilidades de generar beneficios, los inquilinos que pagan alquiles reducidos –es decir, razonables– o que tienen la mala suerte de residir en zonas revalorizadas por los planes urbanísticos, se convierten en un problema para los especuladores y acaban en su punto de mira. ¿Qué se puede hacer con un inquilino que paga 10 por ocupar un piso por el que otro estaría dispuesto a pagar 100…? La respuesta de los especuladores es lo que se ha dado en llamar mobbing inmobiliario, método que se va haciendo cada vez más habitual en nuestra realidad urbanística y que abarca una serie de prácticas que van desde la sutileza a la violencia criminal. En general se habla de mobbing inmobiliario cuando se ejerce algún tipo de violencia física o psicológica sobre un inquilino para forzarlo a vender su vivienda. Quienes aplican estos métodos no son empresas extranjeras –como se ha pretendido algunas veces, quién sabe si para preservar el honor nacional o para seguir la moda de echarle la culpa de todo a los extranjeros–, aunque en ocasiones sí se ha podido comprobar que tienen su sede social ubicada en algún paraíso fiscal como Samoa, como en el caso de un inmueble de la calle Robadors de Barcelona que se vio envuelto en un caso de mobbing.

Normalmente el mobbing inmobiliario se inscribe en un proceso de tres fases. En la primera se provoca la degradación de un barrio mediante el abandono por parte de la administración municipal, el abandono degrada las condiciones de vida y, consecuentemente, una caída de los precios de la vivienda, lo que provoca la llegada de población empobrecida o inmigrante, y muy probablemente el incremento de la delincuencia, el tráfico de drogas, etc.; en la segunda fase los especuladores se apoderan del barrio comprando todo lo que pueden a precios irrisorios; en la tercera fase es cuando se produce el mobbing, como medio para suprimir a los antiguos inquilinos que hayan quedado, que normalmente serán las personas de mayor edad y con menos recursos. A esta operación se la denomina en el argot inmobiliario «sacar a los gusanos», lo que proporciona una idea muy aproximada de la auténtica catadura de los especuladores inmobiliarios. La última fase consiste en una oleada de inversiones –públicas principalmente– que convierte rápidamente al barrio empobrecido y degradado en un modélico espacio urbano del que cada palmo vale su peso en oro y al que todos los pijos de la ciudad desean ir a vivir. De esta manera, la antigua población del barrio, ancianos y pobres, es sustituida por nuevos habitantes, más jóvenes y con más dinero, recién llegados de otras partes de la ciudad. Como vemos, se trata de un proceso que nunca se podría dar sin la concomitancia necesaria entre negocio privado y obra pública.

Los métodos que se utilizan para presionar al inquilino a abandonar su vivienda son muchos y muy variados y se aplican en función de la capacidad de respuesta del inquilino. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que podría suponerse a primera vista, son aquellos inquilinos más débiles los que más resisten la presión, precisamente porque su debilidad les hace más difícil buscar un nuevo hogar. Por el contrario, aquellos que tienen más recursos acostumbran a rendirse con más facilidad. Por tanto, estamos hablando de un problema que afecta principalmente a personas ancianas, solas y con pocos recursos.

Estos son los métodos intimidatorios más habituales:

• Dejación de responsabilidades respecto a la finca. Suele ser el primer paso que dan los acosadores. No realizar obras de reparación y mantenimiento en una finca antigua puede llegar a tener consecuencias insoportables para sus inquilinos. Quien reclame será menospreciado hasta la humillación. Su actitud se atribuirá al deterioro de sus facultades mentales –algo especialmente eficaz en personas de edad avanzada–, e incluso a trastornos psicológicos o actitudes negativas en la convivencia. Además, hay que tener en cuenta que, según la Ley, si el coste de reparación de una finca es superior a la mitad de su valor, sin contar el precio del suelo, el propietario puede declarar el edificio en ruinas y rescindir los contratos de los inquilinos.
• Provocar daños a la finca. En ocasiones, en lugar de esperar a que la finca se deteriore por efecto del tiempo y el abandono, se provocan desperfectos como rotura de porteros automáticos, buzones, ventanas. También se provocan cortes de luz en los portales, robo de correspondencia y cosas por el estilo.
• Engaños. El más habitual consiste en convencer al inquilino de que no tiene por qué pagar la renta todos los meses y de que, para su comodidad, puede hacerlo cada tres meses. Por supuesto nada de esto se hace por escrito, por lo que si la víctima cae en la trampa recibirá un aviso de desahucio por impago del alquiler.
• Violación de la intimidad. El acosador procurará que su víctima se sienta siempre indefensa y a su merced. Las amenazas hechas mediante llamadas telefónicas suelen causar intranquilidad y desasosiego, cuando no auténtico pánico –y si se realizan durante la noche impedirán, además, el descanso normal–, aunque en muchos casos se va más allá y se recurre a la visita a horas intempestivas.
• Propagar rumores falsos sobre la venta de la finca, su derribo, planes del ayuntamiento o cualquier otra cosa que genere inquietud en el inquilino.
• Agresión física. Normalmente se trata de agresiones menores que tienen como objeto atemorizar al acosado, debilitar su autoestima y hacerle comprender que sus acosadores son poderosos, se mueven con total impunidad y están dispuestos a todo, mientras que ellos están solos y no tienen más fuerza que la que les da el miedo a tener que vivir en la calle.
  

¿Cómo combatir el mobbing?

Como hemos dicho, no estamos tratando de un fenómeno casual y ocasional. No se trata de propietarios o promotores inmobiliarios impacientes que recurren a métodos poco ortodoxos. Estamos hablando de un modelo de desarrollo urbanístico que es el que impera en nuestra sociedad. Son muchos los barrios de muchas ciudades de diferentes países donde se ha desarrollado o se está desarrollando este mismo proceso. Por tanto los poderes públicos son una parte del problema más que una perspectiva de solución. Consecuentemente, jueces y policías sirven de muy poco a quienes sufren esta violencia. Lamentablemente, no podemos decir que exista gran diferencia entre ciudades gobernadas por la derecha o por la izquierda. Aunque sí es cierto que en algunos ayuntamientos gobernados por la izquierda se exhibe –no sin un alto grado de hipocresía– una sensibilidad hacia las víctimas del mobbing. Tal es el caso del ayuntamiento de Barcelona que, como respuesta a las protestas y movilizaciones de algunas asociaciones de vecinos, principalmente la de Ciutat Vella –donde el problema se ha extendido de manera alarmante–, ha creado una oficina para atender a ciudadanos afectados por este problema. En la oficina se les informa de sus derechos. Lo que nadie les explica es cómo defenderse del acoso cotidiano que sufren ni de cómo enfrentarse sin recursos a grandes empresas inmobiliarias con abogados y gorilas a su servicio. Como dice María Dolores Peris, catedrática de sociología de la Universidad de Barcelona, «qué defensa va encontrar una anciana (la mayoría son viudas) que apenas cuenta con poco más de un euro diario para su alimentación». En este caso, como en tantos otros, la sensibilidad de izquierda no sirve más que para permitir a los líderes del tripartito municipal lucir sus amables sonrisas al estrechar las manos de sus votantes.

Sólo se pondrá fin a esta práctica criminal cuando se ponga fin al modelo de desarrollo urbanístico salvaje que lo propicia y hasta lo hace inevitable. Mientras tanto, sólo cabe denunciar públicamente a los culpables y hacerles frente mediante la organización y movilización de los vecinos.

Publicado en Polémica, julio, 2006