Aunque vive felizmente de alquiler, Ada Colau Ballano (Barcelona, 1974). Activista de movimientos sociales, inició su activismo en el movimiento antiglobalización (MRG). Se ha convertido en la cara visible de una realidad incómoda: la angustia de las familias que ya han vivido una de las 300.000 ejecuciones hipotecarias que ha habido en España desde el inicio de la crisis. Ellas –y los miles que temen no poder pagar en breve sus hipotecas– han depositado parte de sus esperanzas en la firmeza, calidez y facilidad de palabra de esta jurista, que como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no se cansa de denunciar la duro trance de estas familias. Trabaja para el Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), estudió Filosofía y es madre de un bebé de siete meses.

¿Cómo y cuándo se forma la Plataforma de Afectados por la Hipoteca?

Formalmente nace en febrero de 2009, pero empieza partiendo de un trabajo previo de personas que estabamos luchando por el derecho a la vivienda y que veníamos denunciando la grave realidad de la burbuja inmobiliaria cuando la Administración se empeñaba en negar su existencia. Sabíamos que esta burbuja estallaría y como el Estado había estado impulsando el que una gran parte de la población accediera a la vivienda a través del sobreendeudamiento, estaba claro que, cuando llegara la crisis y estallara la burbuja, al reducirse los ingresos, no se podrían pagar las hipotecas, lo que conllevaría un problema masivo de ejecuciones hipotecarias. En previsión de todo esto, decidimos impulsar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Lo que descubrimos sobre la marcha –entonces no lo sabíamos– es que tendríamos que enfrentrarnos a ese artículo anómalo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite que los bancos, no sólo puedan desalojar a las familias de sus viviendas, sino que, además, puedan seguir reclamando el resto de la deuda.

Desde muchas instancias y medios de comunicación se insiste en la idea de que todo esto es culpa de la todos», ya que a todos nos dio por mejorar nuestro nivel de vida más allá de nuestras posibilidades reales. De esta manera se culpabiliza a las víctimas de crisis y se absuelve de todo cargo al sistema que la generó.

Hay que decir que, en principio, sí que existe una responsabilidad colectiva y, de hecho, las personas afectadas no rehuyen su responsabilidad, pero hay que preguntarse: ¿perder la vivienda no es suficiente castigo? El problema es que lo que se pretende, por parte del Estado y de las entidades financieras, es que los afectados asuman toda la responsabilidad, mientras ellos quedan absueltos de toda culpa, cuando fueron ellos quienes propiciaron la actual situación. A esto hay que añadir que los afectados que, en su inmensa mayoría, no son economistas, no tenían por qué saber cuál era la situación real del mercado hipotecario internacional para saber que era lo que podía pasar y que riesgos estaban asumiendo. Y hubieran tenido que ser, además, licenciados en Derecho para saber que si una subasta queda desierta, se podían quedar sin vivienda y seguir cargando con la deuda bancaria, de hecho ese detalle ni siquiera conta en el contrato hipotecario. ¿Qué conocimiento de las leyes debe tener un ciudadano para acceder a un bien de primera necesidad como la vivienda? Son muchas las preguntas las que se pueden hacer en este sentido.

El gobierno insiste en la falacia de que la hipoteca es un contrato privado esntre dos partes y que, por tanto, nada tiene que hacer la Administración. En primer lugar, no se puede olvidar que está en juego un bien de primera necesidad. No estamos hablando de contratar un viaje de vacaciones o de comprar un yate, sino de un derecho constitucional como es la vivienda. Además, las partes que firman un contrato hipotecario no son partes iguales. Mientras una parte cuenta con asesores, economistas y abogados, tiene todo el conocimiento necesario sobre la situación del sector inmobiliario interior e internacional, y la capacidad de imponer de hecho las condiciones del contrato, la otra parte no tiene más que la necesidad de acceder a una vivienda. Las partes no son iguales y las responsabilidades tampoco deberían serlo. Y además de todo esto, hay que recordar que el contrato hipotecario se hace con arreglo a una tasación que hace el banco –la parte fuerte del contrato–; pero resulta que, cuando llega la ejecución, quien hizo la tasación y estableció el valor de la vivienda, prestando el dinero para su compra, ahora se desentiende, se lava las manos de cualquier responsabilidad, se desentiende de su propia tasación y pretende hacer reacer ese error de cálculo, ese riesgo que asumió como entidad para hacer un gran negocio, en la parte más débil y vulnerable.

Sumando todo, lo que vemos es que nos encontramos ante una estafa generalizada que, además, se intenta ocultar con el cuento de la responsabilidad colectiva, culpando a las víctimas, cuyo único crimen fue intentar acceder a un bien de primera necesidad firmando contratos hipotecarios en unos momentos en que, prácticamente, no existían alternativas porque se había liberalizado el mercado de alquiler, por lo que acceder por este medio a una vivienda resultaba caro y difícil ante la escasez de viviendas y al más estado de las disponibles, a lo que habría que sumar una fuerte criminalización del inquilino al que se le suponen todas las culpas y al que en ocasiones se le pedían más garantías para alquilar un piso que para comprarlo –nóminas, avales, depósitos de garantía, etc.–, especialmente para la población inmigrante, que se enfrentaba a un evidente racismo en el alquiler. Ante todas estas dificultades a la hora de acceder a una vivienda mediante un contrato de alquiler –teniendo en cuenta que sólo garantiza cinco años, tras los cuales te pueden echar a la calle–, y que la propia Administración transmitía constantemente el mensaje de que, por el mismo precio, era mejor comprar que alquilar, que comprar era un «inversión segura», que la vivienda nunca bajaría de precio, como aseguraban los responsables autonómicos o el ministerio de la Vivienda, que año tras año, insistían en que lo mejor que se podía hacer era comprar, era lógico que se generalizara la opción de la hipoteca. Lo insólito es que, ahora, la Administración y las entidades bancarias que han propiciado esta situación, se laven las manos y hagan recaer toda la culpa en los ciudadanos que, contra su voluntad, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca –recordemos que la gente suele dejar de comer antes que dejar de pagar la hipoteca– es un episodio más de esta gran estafa que ha sido la burbuja inmobiliaria en nuestro país.

¿Qué relación tiene vuestra plataforma con otros colectivos similares?

La Plataforma se fundó en Barcelona, tengamos en cuenta que Cataluña es la comunidad más afectada por este problema de las ejecuciones hipotecarias. A partir de aquí se fueron creando otras plataformas en otros lugares. En esta tarea es importante la proximidad, ya que estamos intentando ayudar a gente con graves problemas económicos que, por lo tanto, no puede desplazarse fácilmente. Por eso hemos tratado de descentralizar al máximo el movimiento y hemos formado gente para realizar este trabajo, impulsando que se formarsen muchas plataformas locales, primero en Cataluña, luego en Murcia y finalmente, gracias al movimiento 15-M, se extendio rápidamente por todo el país.

Por tanto, se trata de una sola Plataforma organizada localmente en muchos puntos

Sí, somos un movimiento muy descentralizado y horizontal en que cada grupo funciona autónomamente, respetando siempre unos mínimos requisitos, como, por ejemplo, nuestra total independencia de cualquier partido político, que todo lo que hacemos es totalmente gratuito y, finalmente, las ideas que reivindicamos: la donación en pago, la moratoria de desahucios, la conversión de hipotecas en vivienda social. A partir de estos criterios básicos, cualquier grupo puede constituirse y trabajar

¿No existe una estructura organizativa compleja?

No, se trata de una estructura horizontal muy simple. No podría ser de otro modo, ya que carecemos de financiación y, de hecho, estamos desbordados en cuanto a nuestros recursos.

La Plataforma forma parte del movimiento 15-M y es anterior a éste, pero ¿que relación tiene con el 15-M?

Efectivamente, la Plataforma empezó mucho antes, pero el movimiento 15-M ha servido para extender y multiplicar su actividad en muchísimos lugares. Creo que se ha producido un encuentro perfecto entre el 15-M y la Plataforma, porque, por un lado, la Plataforma, gracias al desarrollo del movimiento 15-M, con sus asambleas de barrio, ha conseguido llegar a muchos sitios donde no estábamos y, por otro lado, el 15-M, después de un primer momento de fuerte indignación y protesta, necesitaba concretar ojetivos y propuestas y aprovechó el trabajo realizado por la Plataforma e inmediatamente adoptó como propias sus demandas básicas. Por tanto ha sido una confluencia beneficiosa para todos. De hecho, nosotros sentimos que formamos parte del 15-M y desde la primera manifestación, en cuando nos llegó la convocatoria, la asumimos plenamente porque nos identificamos con su lema central: «no somos mercancía en manos de políticos y banqueros».

¿Cuál es la composición social de vuestro movimiento? ¿Se trata de gente que busca solución a un problema que le afectada directamente o se trata de personas que sienten una motivación ideológica?

El núcleo inicial, los que fundamos la Plataforma en febrero de 2009 éramos personas vinculadas a la lucha por el derecho a la vivienda, la gente que se fue incorporando a partir de entonces eran personas afectadas por el problema, gente de todo tipo: jóvenes y mayores, inmigrantes y autóctonos y de diferentes estratos dociales, ya que, con la crisis, el probema de la hipoteca afecta a todo tipo de gente. A partir del 15-M llega otra oleada de gente que tiene fundamentalmente una motivación solidaria, de modo que ya no sólo se trata de personas afectadas, sino de mucha gente que han querido echar una mano en la campaña Stop desahucios, a la que se han incorporado muchos activistas.

¿La inmigración ha supuesto alguna vez un problema en vuestro trabajo? ¿Se ha planteado alguna objeción en ayudar a personas inmigrantes?

No, no ha habido nunca ningún problema. En relación con la inmigración, lo único específico que se puede señalar es que, en un principio, cuando estalla la burbuja inmobiliaria, los primeros afectados son los inmigrantes. En primer lugar porque muchos de ellos están empleados en el sector de la construcción, el más afectado por la crisis, y porque, en general, tienen menos red social en que apoyarse cuando empiezan a quedarse sin trabajo y a tener dificultades económicas. Esto hace que sean ellos los que más acudan a las asambleas en busca de solución. Los autóctonos, con más familiares y amigos a los que pedir ayuda, consiguen aplazar algo el problema y acuden más tarde a la Plataforma, pero actualmente no hay diferencia ninguna.

¿Esta convivencia ha generado algún problema?

No, no, al contrario, yo creo incluso que el hecho de convivir inmigrantes y autóctonos en las mismas asambleas, compartir los mismos problemas, sentir que se enfrentan a las mismas dificultades, con los mismos derechos vulnerados y que tienen los mismos enemigos, ha hecho que se superara cualquier tipo de diferencias o recelos, incluso en personas que probablemente tenían una opinión negativa en relación con el fenómeno de la inmigración.

¿Qué efecto crees que ha tenido este movimiento entre la gente?

Creo que ha ayudado a ese proceso que ha protagonizado el 15-M, que, entre otras cosas, ha denunciado la democracia formal y no real en que estamos, secuestrada por poderes financieros situados fuera del proceso democrático. Además, otra de las cosas en que ha puesto énfasis el 15-M es en la necesidad de recuperar los espacios públicos de encuentro y reconocernos de nuevo entre los vecinos. Por eso cuando el movimiento se quiso descentralizar en asambleas de barrio para recuperar la vida de esos barrios, encontró en la campaña contra los desahucios una herramienta muy eficaz que motivaba a las personas a preocuparse por lo que les ocurría a los demás vecinos en la convicción de que mañana podía pasarles a ellos. Así se ha extendido la idea de que hay que crear redes de solidaridad entre los que vivimoc cerca.

Además vuestra actividad se ha mostrado como un medio efectivo para enfrentarse a un problema

Claro. Hay que ver cómo podemos salir de este sistema pervertido, que supone un proceso largo que no se puede lograr de hoy para mañana, pero mientras tanto hay que hacer frente a los problemas cotidianos. La campaña Stop desahucios ha adquirido mucha por eso, porque hasta que no consigamos el cambio de las leyes, nos permite organizarnos y parar los desahucios obteniendo soluciones concretas aquí y ahora.

Parece que ha habido un cambio de actitud en el poder en relación con las movilizaciones contra los desahucios. Da la sensación como si se hubieran dado cuenta de que las cosas se les iban de las manos y de que había que poner toda la carne en el asador. ¿Es así?

Sí. De momento no se han atrevido a realizar actuaciones muy fuertes contra estas movilizaciones porque vieron que tenían un apoyo social enorme, pero cuando surgió el 15-M y se dieron cuenta de que el movimiento adquiría una dimensión peligrosa, intentaron algunas intervenciones represivas de carácter más contundente. Por ejemplo, en Madrid y en otras localidades se han producido intervenciones policiales muy duras y todavía se siguen produciendo en un intento de frenar una oleada de solidaridad que se veía imparable, pero creo que lo que están comprobando es que no lo van a conseguir. Y la clave está en lo que nosotros repetimos siempre: que nuestra lucha no es opcional, no lo hacemos por capricho, es que realmente la vida de las personas está en juego y cuando la gente ha perdido el trabajo, ha perdido la vivienda, se va a quedar en la calle sin que exista una vivienda pública donde poder alojarse, que además le va a quedar una deuda de por vida que le va a convertir en un proscrito financiero haga lo que haga. Cuando se expulsa a la gente del sistema de esa manera sin dejarle posibilidad de recuperación y teniendolo todo perdido, esa gente reacciona y lo único que le queda es luchar por sus derechos.

En estos momentos ¿cuál es el procentaje de éxitos en la paralización de desahcios?

No te puedo decir un porcentaje exacto, pero te puedo decir que de los desahucios que hemos intentado detener hemos conseguido parar la mayoría. Llevamos ya más de cien. No sabría decir en cuantos casos no lo hemos conseguido, pero son muchos menos.

Recordemos que la Plataforma no interviene en todos los casos de desahucio que se producen, sino sólo en aquellos en que la persona o familia afectada acude a vosotros solicitando ayuda

Sí, claro, si comparamos el número de los desahucios que se realizan con los que hemos conseguido parar, el porcentaje resulta ridículo. Hay que ver cuántos logramos parar de entre todos en los que intervenimos, y son la mayoría. Como es lógico, los casos que llaman más la atención son aquellos en que el desahucio se logra parar mediante una movilización de vecinos, pero hay que tener en cuenta que nosotros actuamos antes de esa movilización y, en ocasiones, logramos detener el proceso, sin necesidad de recurrir a la movilización popular.

Explícanos cuál es vuestro método de trabajo desde el momento en que alguien llega a vosotros en petición de ayuda

Ante todo, nosotros no actuamos por encargo como si fuéramos una agencia de reclamaciones. Somos una organización que trabajamos en favor de derechos colectivos, impulsamos la solidaridad y la autoorganización de la gente, no somos asistencialistas ni paternalistas ni jugamos a ser Robin Hood. Cuando alguien llega a nosotros, normalmente a través de alguna asambleas que hacemos o mediante un simple correo electrónico o llamada teléfonica, lo primero que hacemos es averigual si se trata realmente de un caso de vivienda única, si es la vivienda habitual, porque podemos encontrarnos ante un caso de segunda residencia o de una vivienda comprada con finalidades especulativas. En estos casos consideramos que las personas tienen derecho a recurrir, pero no es nuetro trabajo ayudarles, nuestra tarea es la defensa del derecho a la vivienda. Una vez que verificamos esto, lo primero que hacemos en implicar a la familia afectada en el proceso y, antes de que llegue la fecha del desahucio, vamos a hablar con servicios sociales para que hagan una petición de suspensión al juzgado mientras se busca un realojo para esta familia. Si el juez tiene una carta de Servicios sociales conforme se está buscando una solución, normalmente suelen ser sensibles y ganamos algo de tiempo, mientras se presiona a la entidad financiera y a la Administración para conseguir que esa persona o esa familia no sea desahuciada. Después de hacer ese tipo de trámites con servicios sociales, con las oficinas de vivienda, siempre haciendo copartícipes a los afectados, entonces hacemos una convocatoria pública para que llevar a cabo una resistencia pacífica pero contundente ante el desalojo, que básicamente significa no dejar pasar a la comisión judicial y, si se consigue así parar el desahucio, normalmente aprovechamos la concentración popular para, ese mismo día, ir al ayuntamiento o a la Junta de Distrito, aprovechando la fuerza de haber logrado parar el desalojo en ese momento para contarles lo que le está pasando a esa familia y exigirles que se impliquen y busquen algún tipo de solución. Eso también nos ha funcionado muchas veces, aprovechando la resonancia mediática de impedir el desalojo, el propio banco haya accedido a dejar que la familia se quedara en la vivienda en régimen de alquiler, aunque los bancos son los menos dialogantes hasta la fecha. En los casos en los que no hemos podido conseguir eso, hemos pedido a la Administració alguna solución concreta.

¿Os habéis encontrado con algún caso de moroso profesional que haya intentado aprovecharse de la Plataforma?

No. Tenemos una forma de trabajar que hace imposible este tipo de cosas. Sí nos hemos encontrado algún caso de personas que venían con multipropiedades y simplemente se les ha dicho que nosotros no tratamos ese tipo de asuntos y ya no han vuelto más.

¿Qué recursos jurídicos utilizáis en vuestro trabajo?

La Plataforma, desde su nacimiento, contó con el apoyo del Observatori DESC, que siempre ha hecho un trabajo de defensa de derechos sociales y muy especialmente del derecho a la vivienda y ha intentado crear siempre este tipo de apoyo cívico a demanda sociales. Por ejemplo, cuando se produjo la movilización contra la burbuja inmobiliaria, el DESC contacto con Naciones Unidas para que tomara nota de lo que ocurría y, de hecho, Naciones Unidas hizo un informe durísimo al respecto. Es decir siempre ha trabajado para crear herramientas que ayudaran a las reivindicacions cívicas en favor de los derechos sociales. Dentro de este trabajo, el DESC estuvo en la fundación misma de la Plataforma y asumió siempre esa función del apoyo jurídico a los afectados. El Observatori –en colaboración con juristas que colaboraron voluntaria y desinteresadamente– fue quien redactó la petición de reforma de la ley para conseguir la dación en pago, que se convirtió inmediatamente en una de las primeras demandas de los afectados. Esa es la propuesta que se presentó en el Parlamento y sobre la que se planteó la Iniciativa Legislativa Popular. Eso es lo que ha hecho el DESC convertir en propuesta legislativa las reivindicaciones populares y asesorar jurídicamente a la Plataforma. Esto es importante, porque mucha gente no conoce el procedimiento judicial al que se enfrenta y esto, no sólo ha ayudado a formar a la gente, sino que ha servido para divulgar una información que ha servido para que se crearan nuevas plataformas en localidades o barrios.

Teniendo en cuenta el volumen que va adquiriendo este problema de los desahucios y las consecuencias imprevisibles que puede llegar a adquirir, ¿por qué crees que no se acepta la dación en pago como una vía de solución?

No se acepta la dación en pago sencillamente porque la banca presiona para que no se acepte. En realidad para los bancos supondría un problema mucho menor que otros que tienen. Por ejemplo, el auténtico agujero económico que tienen las entidades financieras es la morosidad de las empresas del sector inmobiliario. En ese ámbito la morosidad es al menos cuatro veces superior a la familiar, pero como a esas empresas no las pueden extorsionar porque no tienen una ley que les permita extorsionarlas, somo sí tienen con las familias, pues se ensañan con éstas. Algunos cálculos y estudios económicos indican que el coste de la dación en pago para la banca estaría entre lo 15.000 y 20.000 millones de euros, cantidad ridícula si la comparamos con los beneficios que han ido declarando en los últimos años y con las ayudas y los «rescates» que han obtenido del Estado, por lo que parece claro que el motivo último de su actitud es enviar un mensaje claro a la población: ninguna presión popular puede lograr cambiar las cosas en perjuicio de los intereses de la banca. La banca no puede permitir que algo así ocurra sencillamente porque, si la movilización popular logra su objetivo, eso sentaría un precendente que les aterroriza. Por eso están ejerciendo una presión muy fuerte sobre los partidos políticos mayoritarios para obligarles a bloquear la dación en pago. Hay que recordar que estos partidos están fuertemente endeudados con la banca, pero ellos, a diferencia de las familias, sí consiguen condonaciones de su deuda sin ningún esfuerzo.

¿Qué dificultad jurídica existiría para aplicar la dación en pago con efecto retroactivo?

Ninguna. Esa supuesta dificultad solo es un invento del establishment, de la prensa y de los tertulianos habituales que se encargan de repetir que esa retroactividad es imposible porque no sé que de la seguridad jurídica, seguridad que no se sabe por qué no se la plantean en otras muchas cosas, por ejemplo la seguridad jurídica que se vulnera en los contratos hipotecarios donde ha habido una ausencia total de información. Eso no les preocupa, sólo les preocupa la retroactividad de la dación en pago. Muchas leyes se aplican con efecto retroactivo, sólo hace falta que cuando se promulgue la ley se especifique que va a tener efecto retroactivo y de qué manera y en qué casos. Por tanto, juridicamente no hay ningún problema, es cuestión de voluntad política. Pero, de todas formas, si realmente existe un problema jurídico, que se busque otra solución: por ejemplo, un acuerdo global con esas entidades bancarias a las que se está ayudando con nuestros impuestos, para que las familias afetadas puedan conservar la vivienda en régimen de alquiler. Hay muchas maneras de solucionar el problema, si nuestra propuesta no es viable, que se busque otro camino. A nosotros nos da igual, lo que nos interesa es el objetivo, no el medio por el que se alcanza. Hay que dar a las personas una segunda oportunidad y que nadie se quede en la calle.

¿Qué perspectiva crees que tiene este problema?

El problema no se resulve y va a aumentar. Fruto de la presión popular se están obteniendo victorias, aunque totalmente insuficientes. Por ejemplo, el gobierno, antes de acabar la legislatura, ha aprobado algunas medidas que, aunque ridículas muestran una señal de querer hacer algo por los afectados: subir el mínimo embargable de 700 a 791 euros para las deudas hipotecarias o subier el 50% la cantidad por la que los bancos pueden adjudicar la vivienda. En Cataluña, donde más presión se ha ejercido, aunque la Generalitat no tiene competencias, se ha creado un servicio (FIDEUTA) para mediar con las entidades financieras; es completamente insuficiente ya que la mediación está basada en la buena voluntad y, por tanto, se consigue muy poco, pero es un intento de hacer algo. Muchos ayuntamientos están aprobando la moción que impulsamos nosotros para pedir el cambio de la ley. Se están dando pasos y consiguiendo cosas, aunque aún está lejos el objetivo final de reformar las leyes para dar una segunda oportunidad a las personas y garantizar su derecho a la vivienda. Pero estas pequeñas victorias nos indican que las administraciones se dan cuenta de que algo tienen que hacer porque el problema no va a desaparecer, por el contrario va a aumentar, todo indica que el año 2012 va a ser mucho peor y vamos a tener a millones de personas afectadas. Pensemos que cada ejecución hipotecaria afecta generalmente a varias familias, no sólo al propietario, sino también a avalistas. No se puede expulsar del sistema a tanta gente y condenarla a ser proscritos financieros y a vivir en la economía sumergida de por vida, y no podemos imaginar que el gobierno se desentienda de su suerte sin darles más que las migajas de unos servicios sociales que se están recortando constantemente. Si esa va a ser respuesta de la Administración el problema acabará por estallar. Nosotros estamos canalizando una problemática social, pero si no hay solución la gente puede acabar haciendo barbaridades porque la situación es crítica.

Pero a veces parece que no se dan cuenta de la gravedad del problema. Por ejmeplo esta reforma de la normativa lega que agiliza el desalojo de inquilinos que no pagan el alquiler.

Sí, otra vez nos encontramos con los intereses de las grandes propiedades. Y qué casualidad que precisamente hagan esto ahora cuando la banca se está convirtiendo en la gran propietaria de vivienda vacía, que probablemente se acabe poniendo en alquiler. Ahora se agilizan los procesos de desahucio y se criminaliza más aún a los inquilinos, cuando la morosidad en realidad no es proporcional a ese nivel de alerta y cuando se llevan tantos años perjudicando a los inquilinos en beneficio de los propietarios, cuando lo que habría que hacer es una reforma global que hiciera del alquiler una opción real. De esta manera lo único que conseuirán es desincentivar aún más a le gente de alquilar viviendas. Incluso se habla ya, con la victoria del PP, de la reducción del mínimo de cinco años de contrato que establece la LAU, que es la única garantía que tiene el inquilino. Así no se incentiva el alquiler, así lo único que se consigue es beneficiar a la parte fuerte del contrato. Si siguen por este camino se van a encontrar un una conflictividad social muy grande.

¿La reocupación de viviendas que se han quedado vacías tras un desahucio es una alternativa?

Nosotros consideramos nuestro trabajo desde el punto de vista de la defensa del derecho a la vivienda. No tiene sentido el despilfarro que supone expulsar a las personas de sus casas para luego tener que buscar un sitio donde reubicarlas. Lo lógico sería que, si una persona no puede pagar la hipoteca, pueda conservar su casa como inquilino y con un alquiler asequible y, al cabo de cinco años, ya se verá si se renueva ese contrato. Porque hay que pensar que los desahucios cuentan mucho dinero, y ese dinero lo estamos pagando entre todos, cono lo que, una vez más, el dinero público sirve para hacer el trabajo sucio a los bancos, que también recibe dinero nuestros en forma de «rescates». Lo que nosotros intentamos es impedir el desahucio, pero si no podemos evitarlo, y la Administración no da una solución para realojar a los afectados, entonces apoyamos la ocupación de viviendas vacías, porque nos parece totalmente injunto esta situación. Además se da la paradoja de que cuando se reabre una vivienda desahuciada por ejecución hipotecaria, no es cualquier vivienda, sino una por la que la persona continúa pagando. Es difícil decirle a alguien que está haciendo algo malo cuando ocupa una vivienda por la que está pagando.

¿Tenéis alguna red de apoyo para estas personas?

Es algo que está empezando a hacerse ahora, porque primero han tenido que agotarse todas las vías de solución. Por tanto hay pocos casos, el primero fue en Montcada i Reixac (Barcelona) y ahora se están dando más casos. Por supuesto los apoyamos plenamente.

Publicado en Polémica, n.º 100, diciembre 2011

Ada Colau y los criminales de la Banca